El líder de la coalición UDCE-IU, Mohamed Ali, amenaza con
darle el verano al Gobierno de Vivas. Ayer, a mediodía, en
la Sala de prensa del Palacio autonómico, dónde sólo
comparece para las grandes faenas, el líder de la oposición
denunció lo que los sindicatos llevaban meses esperando: que
la Ciudad lleva pagando irregularmente desde hace un tiempo
indeterminado y a un número de funcionarios indeterminado
una cantidad también indeterminada de complementos
específicos por ocupar puestos de superior categoría en la
Administración local.
Ali, que distribuyó a discreción copias de un Decreto
firmado el pasado 17 de junio por la entonces viceconsejera
de Recursos Humanos en funciones, Adelaida Álvarez, fue
despejando incógnitas de la trama sobre su texto. En primer
lugar, que de acuerdo con el propio Decreto Álvarez ya había
advertido “el 24 de septiembre de 2006” al jefe de la Unidad
Técnica de Habilitación de Nóminas [Francisco Martínez
Racero] de que se debía “proceder al correcto cómputo de los
complementos específicos que ejerzan puestos de superior
categoría”, que a su juicio y al del Interventor municipal
estaban siendo calculados “erróneamente”.
“Esto es un escándalo”, criticó Ali, quien se preguntó “cómo
es posible” que trabajadores que desempeñan puestos
superiores a su plaza como funcionarios cobren más que sus
titulares originales. “Así no es extraño que el Ejecutivo de
la Ciudad Autónoma no sea capaz de cerrar con los sindicatos
tras años de demora la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)
de la Administración, ya que todas estas irregularidades
saldrían a la luz”, argumentó el portavoz del Grupo
Parlamentario.
¿Cuántos, cuánto y desde cuándo?
Lo que no supo decir ni Ali ni nadie posteriormente es
cuántos funcionarios ocupan actualmente en la Ciudad, donde
trabajan aproximadamente 1.400 personas, puestos de superior
categoría; cuántos han percibido irregularmente esos
complementos; a cuánto ascendería el presunto desfase de la
factura en personal de la Administración local y desde
cuándo se vendría produciendo, de ser el caso.
“No se sabe ni cuántos funcionarios han percibido estos
complementos específicos irregularmente ni en qué concepto
se han excedido en las nóminas de cada uno de ellos porque
ni siquiera la viceconsejera de Recursos Humanos lo sabe”,
lamentó el presidente de la UDCE a preguntas de los medios.
Los más aventurados, consultados tanto en el bando sindical
como en el la propia Ciudad, amparados en el anonimato, no
son capaces de ir más allá de que: a) los funcionarios que
desempeñan trabajos de escala superior a su plaza son “unas
decenas”; b) que, de ellos, no todos cobran esos
complementos específicos con el mismo grado de desvío, sino
que éste sería “directamente proporcional a su amistad con
determinadas personas”; c) que el gasto total no
reglamentario es “muy difícil” de cuantificar, pero que
podría rondar los “100.000 euros mensuales” y d) que Álvarez
firmó antes de dejar Recursos Humanos hasta tres decretos en
el mismo sentido, pero que Nóminas mantiene que su forma de
hacer las cuentas “es correcta”.
De momento, y para ir resolviendo incógnitas, tanto UDCE-IU
como UGT anunciaron ayer que hoy mismo pedirán a la Ciudad
que les facilite la relación “completa” de todos los
funcionarios que ocupan actualmente puestos de superior
categoría en la Administración y cómo se han calculado y
abonado sus complementos específicos.
A partir de ahí, el primer grupo de la oposición se plantea
trasladar al Pleno en forma de moción o interpelación al
Gobierno el asunto y, finalmente, poner el tema “en manos de
la Fiscalía”.
El “problema” de la devolución
¿Por qué? Porque aunque Ali se negó a ponerle apellido a su
denuncia el caso podría desembocar según las fuentes
jurídicas consultadas incluso en un delito de “malversación
de fondos públicos, prevaricación o apropiación indebida”.
Todo ello en función de cómo se resuelva la responsabilidad
política que, según Ali, existe en el hecho de que “hace
como mínimo casi un año que se notificaron las
irregularidades existentes y no se tomó ninguna decisión al
respecto”.
Durante su comparecencia ante los medios el líder de la
oposición también se preguntó “qué va a pasar” con todos los
trabajadores que han estado recibiendo esos complementos
irregulares “seguramente sin saberlo en algunos casos” y que
ahora “podrían tener que devolver un dinero que tal vez ya
se han gastado”.
En su Decreto, Álvarez va más allá del condicional y
literalmente advierte de que no sólo es necesario “regular a
futuro las retribuciones complementarias” objeto de la
denuncia, sino también “la restitución de las cantidades
indebidamente abonadas por el erróneo sistema de cómputo”.
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La Ciudad pide un informe del “asunto”
La portavoz del Gobierno de la
Ciudad Autónoma, Yolanda Bel, explicó ayer a última hora de
la tarde al ser preguntada por este periódico sobre la
valoración oficial de la denuncia de UDCE-IU que el
Ejecutivo del PP ha solicitado a la Viceconsejería de
Recursos Humanos que ahora dirige Díaz Nieto “un informe”
sobre los pormenores del “asunto”, aunque Bel quiso dejar
claro que a juicio de la Administración en todo caso
estaríamos hablando de “un error administrativo”. En su
último Decreto al respecto, firmado el pasado 19 de junio,
Álvarez refiere que según Nóminas el cálculo de los
complementos se hace con un programa informático que no se
ha ajustado a los criterios que solicita la Consejería de
Economía.
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