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Los abogados que llevan la defensa de parte de los detenidos
en el curso de la ‘Operación Duna’ el pasado 11 de diciembre
en la barriada del Príncipe Alfonso y sus alrededores
pedirán “de inmediato” al magistrado titular del Juzgado
central de Instrución número cinco de la Audiencia Nacional,
Baltasar Garzón, la puesta en libertad de los siete
arrestados que permanecen en prisión preventiva
“incondicional y sin fianza” desde entonces al entender que
“no existen pruebas” para mantener dicha situación.
Según han recordado fuentes directamente relacionadas con el
caso “de acuerdo con la legislación española, la prisión
provisional se considera una medida aplicable sólo cuando
objetivamente sea necesaria” y “cuando no existan otras
medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a
través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines”,
supuestos que según los letrados de los siete imputados que
pertenecen en prisión “no se dan en este caso”.
“Entendemos que no existe ninguna prueba material ni
testifical que justifique que continúen prisión provisional
y que no existe, a la luz de su situación familiar,
económica y laboral, riesgo de fuga”, ampliaron desde el
bufete de abogados de Marcos García Montes, quienes
destacaron que a día de hoy no existen “ni mucho menos” los
“motivos bastantes” que exige la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (LECrim) para mantener la situación de prisión
preventiva.
En su auto fechado el 16 de diciembre del año pasado, Garzón
señalaba que las actuaciones de los acusados “podrían ser
constitutivos de un delito de integración en organización
terrorista” basándose en “las investigaciones policiales, el
contenido de las observaciones telefónicas y las
declaraciones testificales que obran en la causa”.
Además, el magistrado consideró que existía base para
considerar que los detenidos “se habrían constituido en un
grupo terrorista de tendencia salafista con la finalidad de
atentar contra objetivos materiales para cuya obtención se
habrían reunido en diversas ocasiones”.
Sin embargo, para los abogados de la defensa el testimonio
del testigo protegido que los implica en la causa “sólo ha
podido constatar que efectivamente visitaban la mezquita [Darkawia]
de la que eran asiduos todos ellos excepto uno, al que no
reconoció”.
Los abogados también recordaron que no se encontraron “ni
armas ni explosivos” en poder de ninguno de los detenidos
[cuatro de ellos fueron puestos en libertad el mismo día 16
de diciembre “con la sola obligación de fijar domicilio y
comunicar cuantos cambios del mismo realice”] sino “su
presunta autoría de la quema de dos morabitos y estar en
posesión de grabaciones y libros sobre la religión islámica
de los que pueden adquirirse con total libertad en muchos
sitios de la ciudad”.
Fuentes del colectivo tabligh ceutí [representantes de este
grupo procedentes de Panamá se enfrentaron según Garzón en
mayo de 2005 en Darkawia a los detenidos al explicar su
teoría de la jihad pacífica] reiteraron ayer a este
periódico que en la ciudad autónoma “no se difunde el
integrismo religioso” y que más que de terroristas “hay que
hablar de delincuentes”.
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tribunales / siete meses despues de
la intervencion
