Las comunidades de Asturias y Castilla-La Mancha, junto a
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla “el informe no
diferencia entre ambas) son las principales receptoras de la
inversión promovida por la administración general para la
dotación de infraestructuras, mientras que las que menos
dinero reciben son el País Vasco, Navarra y Madrid. Estas
son las conclusiones extraídas del informe de la patronal de
las grandes constructoras, Seopan, que analiza el esfuerzo
inversor de las diferentes administraciones públicas entre
los años 2003 y 2006 en lo que a licitación de obra pública
y concesiones de obras se refiere.
El informe de Seopan revela que el volumen total de la
inversión de las administraciones públicas españolas alcanza
un promedio del 4,7% del Producto Interior Bruto (PIB) anual
de España. Este dato se reparte en un 1,6% de la
administración general, un 1,7% de la autonómica y un 1,4%
de la local.
En el análisis territorial de dicha inversión pública Seopan
informa de que la comunidad de Asturias se sitúa la primera
de la lista con un promedio del 3,8% del PIB regional,
seguida de Castilla-La Mancha con el 3,5%, las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla con el 2,9% y Galicia con el
2,7%. En el otro extremos de la tabala se sitúan, Madrid con
un 0,6%; Navarra con un 0,5% y el País Vasco con un 0,4%.
Diferente situación se propicia cuando son las propias
comunidades autónomas y los ayuntamientos los que realizan
dicho esfuerzo inversor. Aragón es la primera de la lista
con una inversión del 4,4% del PIB regional, seguida de
Baleares con el 4,1 %. Ceuta y Melilla se sitúan en el
quinto lugar con un 3,7%. La media española se sitúa en un
3,5% y la comunidad de Extremadura ocupa el último lugar con
una inversión del 2,3%.
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Relación inversa entre la riqueza y el esfuerzo inversor
La patronal de las grandes
constructoras, Seopan, llega a la conclusión de la
existencia de una “relación inversa entre la riqueza de la
región y el esfuerzo inversor que realiza la administración
central”. Tras este análisis se puede concluir en que los
territorios más beneficiados por los fondos estatales están
entre los que disponen de una menor renta por habitante.
En caso de que comunidades autónomas y ayuntamientos sean
las que realicen el esfuerzo inversor habrá una mayor
relación entre éste y la riqueza de dicha comunidad. En la
mayoría de los casos cuanto mayor es la riqueza de una
región más alta es la inversión que destina a la licitación
de obra.
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