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Los presidentes de las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla, Juan Vivas y Juan José
Imbroda, parecen dispuestos a continuar durante los próximos
cuatro años con su estrategia de defensa conjunta de sus
intereses ante la Administración General del Estado, una
acción común que durante la pasada legislatura les fue
“bien”, según sus propias declaraciones, y en la que ambos
piensan perseverar durante su próximo mandato.
Las dos ciudades autónomas tienen muchos problemas comunes
cuya resolución depende en buena medida tanto de la
colaboración de la Administración General del Estado con las
instituciones autonómicas como de la capacidad de influencia
que ambas Asambleas consigan tanto en Madrid como en
Bruselas.
De hecho, muchos de esos problemas ocupan los primeros
puestos de las prioridades tanto del Gobierno que ya
funciona desde hace unos días en Ceuta como del que empezará
a operar desde la próxima semana en Melilla. Ahí están las
tasas de desempleo o de fracaso escolar, las más altas con
mucha diferencia de todo el Estado. También están unidas por
sus particularidades geoestratégicas o en lo que se refiere
a la composición tan plural y diversa de su población, que
además padece los índices de pobreza más elevados del país.
El transporte a la península, el desarrollo económico, la
pérdida de Fondos Europeos...
La lista de elementos de índole social, económico,
geográfico y político que enlazan a ambas ciudades es, sin
duda, mucho más numerosa y pesada que la de los que las
separan, por lo que el que sus Ejecutivos proyecten, con la
ventaja que les aporta es tener el mismo color político,
trabajan de forma conjunta ante las instituciones estatales
y supranacionales está más que justificado. Es de esperar
que entre las dos aumente su capacidad para hacer comprender
al Estado que muchos de sus problemas básicos dependen
precisamente de su atención y solidaridad hacia ellas.
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OPINIÓN / EDITORIAL
