Los grupos de la oposición (UDCE-IU y PSOE) junto al PSPC
criticaron firmemente tras el pleno extraordinario la
revisión de las retribuciones de algunos miembros del equipo
de Gobierno. El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas,
reiteró ayer que la iniciativa aprobada supone un ahorro de
“al menos 43.000 euros demostrable matemáticamente”. El
dirigente popular aludió a la reducción de gastos que supone
la desaparición de un grupo en la Asamblea [PDSC], de la
inexistencia de diputados de la Asamblea en situación de
servicios especiales o al hecho de que el consejero de
Presidencia, Pedro Gordillo, no reciba remuneración salvo
por asistencia a los plenos porque es senador. “El número de
Consejerías que se han creado está amortizado por el número
de viceconsejerías que se han reducido, porque hay un
director y subdirector menos. Creo que se pretende
generalizar la opinión de que ha habido un aumento de las
retribuciones generalizado. Falso”, señaló.
Vivas precisó que se han equiparado los sueldos de los
viceconsejeros y los vicepresidentes [al alza] porque
“vienen a cumplir funciones equiparables fuera del ámbito
estricto de la Asamblea al igual que entre los electos y no
electos, sólo que afecta a dos personas”. El resto de
miembros del equipo de Gobierno mantiene sus retribuciones
intactas. Destacó el presidente que se han establecido dos
nuevos topes. Por un lado, los componentes de los órganos de
Gobierno no podrán superar nunca el 1,5 % de presupuesto de
gasto corriente total y, por otro, a lo largo de los
próximos cuatro años no podrán subir [sus sueldos]
anualmente por encima del 2 %. “Un ahorro matemáticamente
demostrable y unos topes que han sido decisión política para
establecer unos límites donde antes no los había”, concluyó
Juan Vivas.
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“Debe haber consenso entre los grandes partidos”
La nueva ministra de
Administraciones Públicas, Elena Salgado, anunció que
seguirá adelante con el proceso de reforma estatutaria. El
presidente, Juan Vivas, defiende que esta es una “aspiración
legítima” de los ceutíes para “definir las condiciones de
nuestro autogobierno y para determinar y concretar las
posibilidades financieras de la institución”. Asimismo,
destacó que el nuevo estatuto debe ser fruto del consenso
entre los dos grandes partidos de representación nacional,
PP y PSOE.
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