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El Consejo de Ministros aprobó la pasada semana la
‘Estrategia Europea de Seguridad y Salud Laboral’. La
iniciativa fue presentada por el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera, tras ser asumida por la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El
Ministerio sostiene que la presentación del novedoso plan
“cumple el compromiso por parte del presidente del Gobierno
en su acto de investidura, en abril de 2004, de elaborar un
plan de lucha contra la siniestralidad laboral”. Para
alcanzar ese objetivo, la mesa de diálogo social de
prevención de riesgos laborales acordó, en febrero de 2005,
impulsar la elaboración de una estrategia española de
seguridad y salud en el trabajo, iniciativa que fue
compartida por las comunidades autónomas.
Posteriormente el Consejo de Ministros lo refrendó, en abril
de ese mismo año, cuando el ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales presentó el Plan de actuación para la mejora de la
seguridad y la salud en el trabajo y la reducción de los
accidentes laborales, dentro del que figuraba el documento
denominado, ‘Hacia una estrategia española de seguridad y
salud en el trabajo’.
Desde entonces se han puesto en marcha una serie de medidas
orientadas hacia los objetivos marcados en la estrategia y
se ha mantenido el diálogo con los interlocutores sociales
(sindicatos) y las comunidades autónomas, con objeto de
consensuar un texto, que ha sido apoyado por la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, máximo órgano
de participación institucional en dicha materia y que es la
Estrategia a la que hoy ha dado su aprobación el Consejo de
Ministros.
Para el ejecutivo de Zapatero la ‘Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012’ constituye el
instrumento para establecer el marco general de las
políticas de prevención de riesgos laborales a corto y,
sobre todo, medio y largo plazo. Con ella se trata de dotar
de coherencia y racionalidad las actuaciones en materia de
seguridad y salud en el trabajo desarrolladas por todos los
actores relevantes en la prevención de riesgos laborales y,
en definitiva, conseguir dos grandes objetivos: reducir la
siniestralidad laboral y mejorar de forma continua los
niveles de seguridad y salud en el trabajo.
Características
Entre las características más destacables se encuentran que
es una estrategia “de todos y acordada por todos”. Durante
el proceso de negociación estuvieron implicados todos los
agentes (gobierno, comunidades autónomas, organizaciones
sindicales y empresariales). El consenso ha sido fundamental
en la lucha contra la siniestralidad laboral. Esto ha sido
posible después de un proceso de diálogo social en el que se
ha conseguido alcanzar el consenso entre todos.
Además la estrategia es de muy amplio alcance. Reseñable es
su duración, que abarca un periodo de 5 años. Además
contiene un enorme número de medidas que contiene (más de
100), que alcanzan a todos los ámbitos: educación,
formación, I+D, salud, concienciación y sensibilización,
medidas para las empresas, medidas para los trabajadores,
medidas para los servicios de prevención y apoyo
institucional y económico desde las administraciones
públicas para el desarrollo de políticas y prácticas de
prevención de riesgos.
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) podrán cumplir sus
obligaciones de manera más fácil y eficaz en la lucha contra
la siniestralidad. Además desde Trabajo han apostado por la
calidad y la eficacia de la prevención. El objetivo es que
se realicen más actividades preventivas en las empresas y
que estas sean de mayor calidad.
También pretenden que a través de la nueva normativa,
trabajadores, empresarios, organizaciones sindicales y
empresariales se impliquen directamente en el cumplimiento
real y efectivo de las obligaciones en materia de prevención
de riesgos.
Objetivos
Los objetivos se agrupan en dos grandes apartados. Por un
lado, los que se refieren a la prevención de riesgos
laborales en la empresa, que tienen como destinatarios a los
empresarios y los trabajadores y por otro, los que se
refieren a las políticas públicas de lucha contra la
siniestralidad laboral, que tienen como destinatarios a la
administraciones públicas.
Para mejorar la prevención de riesgos laborales en la
empresa se simplificará la documentación a cumplimentar por
las PYMES, a las que se facilitará asistencia pública para
la organización de actividades preventivas. Además se
establecerá un sistema de bonus o reducción de cotizaciones
sociales para las empresas con menores índices de
siniestralidad.
También habrá programas específicos de control y vigilancia
de empresas y actividades con altos índices de
siniestralidad y programas específicos para garantizar la
efectividad de la prevención de riesgos entre los
trabajadores autónomos.
Otra de las novedades más importantes es que se pondrá en
marcha un Plan Renove de equipos de trabajo obsoletos en
aquellos sectores donde los datos de siniestralidad
aconsejen la modernización de la maquinaria.El gobierno
pretende mejorar la eficacia y la calidad del sistema de
prevención, sobre todo de las entidades especializadas en
esta materia. Para esto emprende medidas como que las
empresas que tengan recursos de prevención propios se
beneficien de reducciones en las cotizaciones por accidente
de trabajo y enfermedad profesional y de bonificaciones en
los contratos de trabajadores que realicen tareas
preventivas o se integren en los servicios de prevención.
Además se determinarán criterios de calidad y eficiencia
exigibles a todos los servicios de prevención ajenos
(prestados por entidades especializadas en esta materia) y
se creará un sistema de evaluación conforme a parámetros de
calidad de todos estos servicios.
También pretenden una mayor colaboración de sindicatos y
trabajadores para mejorar la seguridad en el trabajo. Para
esto en la negociación colectiva de ámbito sectorial se
negociarán la creación de órganos específicos sectoriales,
formados por representantes de los empresarios y los
trabajadores, que desarrollarán programas con el objetivo de
divulgar e informar sobre los riesgos profesionales del
sector. Estos programas se dirigirán a empresas de entre 6 y
50 trabajadores, sin representación de los trabajadores.
La concienciación de la sociedad española respecto a la
prevención de riesgos laborales también está presente en el
nuevo plan. Tendrán una atención especial los riesgos
psicosociales y los asociados a la movilidad como accidentes
de trabajo in itinere y en misión y se impulsará la
formación en prevención de riesgos en todas las etapas del
sistema educativo. Además se realizarán campañas de
concienciación y sensibilización social en este ámbito de
forma constante y permanente (anualmente habrá una campaña
de ámbito estatal).
También se perfeccionarán los sistemas de información e
investigación en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Se creará un Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo
y una red de institutos públicos para la investigación en
prevención de riesgos.
Todas las medidas que aplique el nuevo plan se verán
apolladas por la justicia con la intensificación de la
colaboración con la Fiscalía especializada en seguridad y
salud en el trabajo, las autoridades laborales de las
comunidades autónomas y la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social para garantizar que las actuaciones en todos estos
ámbitos se desarrollen de manera más rápida y eficaz.
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Los sindicatos mayoritarios coinciden en lo acertado de la
norma
UGT valora la medida como “una
respuesta de consenso a las exigencias de la sociedad ante
la alta tasa de siniestralidad laboral”. Además compromete a
todas las partes, sindicatos, empresarios y Administraciones
Públicas, en su ejecución. Los ugetistas afirman que
establece un marco de prevención de riesgos “a corto, medio
y largo plazo, para reducir la siniestralidad a los niveles
medios europeos y mejorar progresivamente la seguridad y
salud en el trabajo”.
Con su aprobación, “se inicia el camino hacia una cultura de
la prevención que pretende integrar estas políticas en todos
los ámbitos, facilitar el cumplimiento de la normativa sin
rebajar las obligaciones, y actuar donde están los
problemas, en las microempresas y en las pequeñas empresas,
así como mejorar la representación e implicación de los
trabajadores y empresarios en la prevención de riesgos, ya
que la negociación colectiva tendrá un papel primordial en
su desarrollo”.
Para CCOO las medidas aprobadas han permitido que la
estrategia “contemple” los principales objetivos y
reivindicaciones para mejorar las condiciones de trabajo y
salud de los trabajadores. Comisiones ve especialmente
positiva medidas como mejorar el control sobre las empresas
o la ampliación de instrumentos de control de sindicatos y
empresarios en todas ellas.
Además CCOO expone que la normativa mejora la calidad de los
servicios de prevención para lo que se han acordado medidas
concretas para corregir la mala praxis preventiva de los
servicios de prevención ajenos y mejorar la calidad.
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sindicatos / seguridad laboral
