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sociedad - DOMINGO, 8 DE JULIO DE 2007


Jóvenes en el palacio de Justicia ARCHIVO

justicia/ derechos del ciudadano
 

Conoce la Carta de
Derechos de Ciudadanos
ante la Justicia, es de todos

Promover una justicia más abierta, transparente, eficaz y moderna son las
pautas que rigen el texto de una proposición no de ley que protegen nuestros derechos
 

CEUTA
Cristina Rojo
cristinarojo@elpueblodeceuta.com

En la sociedad actual, es necesaria la existencia de una Justicia más abierta al ciudadano, capaz de servir a los mismos con mayor agilidad y eficacia. La Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por unanimidad, como proposición no de ley por el pleno del Congreso de los Diputados en 2002 es uno de los instrumentos de los que dispone el ciudadano para entender más de cerca sus derechos ante la Justicia y los deberes de la misma en su funcionamiento diario.

La Carta recoge en su texto una lista de derechos de los ciudadanos, cuyo cumplimiento puede ser exigido ante la Justicia y que vincula a Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios judiciales, médicos forenses, funcionarios públicos, abogados, procuradores y todas las demás personas e instituciones que cooperan en la administración de Justicia.

El texto está dividido en tres partes fundamentales a las que se añade una conclusión final que prevee las condiciones necesarias para su eficacia.

Transparencia e información


La primera parte de la Carta desarrolla la importancia de una justicia transparente ante los ciudadanos, comprensible en sus términos y notificaciones, y atenta con los ciudadanos, que tienen derecho a ser atendidos con respeto, puntualidad y de forma que, en caso de comparecer ante un órgano de administración de justicia, sea lo menos gravosa posible.

Además, en este apartado se recoge el derecho del ciudadano a que las dependencias judiciales “ sean accesibles al público”.

En el mismo apartado se recoge el derecho del ciudadano a “recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados, tribunales, y las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales”. Además, el ciudadano tiene derecho a recibir información transparente sobre los asuntos tramitados y pendientes en “todos los órganos jurisdiccionales de España, así como del contenido actualizado de las leyes españolas y de la Unión Europea; también tiene derecho a conocer el contenido de “los procesos en los que tenga interés legítimo de acuerdo con lo dispuesto en las leyes procesales”.

La Carta recoge asímismo la necesidad de que la justicia sea “responsable ante el ciudadano” y trabaje de forma ágil y tecnológicamente avanzada.

Protección a los débiles


En un segundo apartado la Carta se centra en la especial atención que la justicia merece a los ciudadanos más desprotegidos, sean menores, discapacitados o víctimas de un delito, sobre todo en supuestos de violencia doméstica y de género. También recoge los derechos de inmigrantes y extranjeros en España, quienes deben tener asegurada la aplicación “de los principios y derechos recogidos en esta Carta”. Estos últimos tienen, por ejemplo garantizado según la Carta , el uso de un intérprete cuando sea necesario y el derecho a recibir protección adecuada a la administración de Justicia, de forma que se asegure que “comprenden el significado y trascendencia de las actuaciones procesales en las que intervengan por cualquier causa”.

En cuanto a la protección de las víctimas de un delito, la Carta especifica el derecho de la víctima de “ser informado con claridad sobre sobre su intervención en el proceso penal” y su derecho de que su comparecencia ante un Juzgado o Tribunal se haga “de forma adecuada a su dignidad y preservando su intimidad”.

En lo relativo a la protección de los menores, es importante el punto que especifica que el menor “que tuviere suficiente juicio tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial en que esté directamente implicado” y que conlleve una decisión que afecte a su vida personal, familiar o social.

Abogados y procuradores


Por último, la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia se refiere a la relación que debe existir entre los abogados y procuradores con el ciudadano, en la que debe prevalecer la confianza. En su texto la carta especifica el derecho del ciudadano de recibir la prestación de un servicio “profesional de calidad” por parte del abogado o el procurador en la “representación de sus intereses ante los órganos jurisdiccionales”.

Además, la Carta expone el derecho del ciudadano a una justicia gratuita de calidad y el deber de los Colegios de Abogados “de tomar las medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento de este derecho”.

Todos las entidades relacionadas con la administración de Justicia, desde el Ministerio, pasando por las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, hasta los Colegios profesionales competentes deben garantizar “la efectividad y el pleno respeto” de los derechos reconocidos en la Carta.
 

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