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Los ‘años de plomo’ de la “pequeña Sicilia”, como definió a
la ciudad en su etapa en la Plaza de los Reyes el ex
delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, volverán
hoy a sentarse, de refilón, en el banquillo de los acusados
de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en
Ceuta. Será, eso sí, con un reparto muy distinto al
habitual: Luis Vicente Moro es sólo el ‘cabeza de cartel’ de
una larga nómina de acusados en la que sólo falta de los
imputados en la instrucción del caso la fallecida Elena
Sánchez y en la que también se cuenta al ex comisario de la
Policía Nacional en Ceuta, Alejandro Valle [desde 2002 jefe
superior en la Comunidad Valenciana]; al ex jefe de la
Policía Judicial, Mariano Arévalo [ahora en segunda
actividad en la Unidad Territorial de Inteligencia (UTI)]; y
al jefe de Prensa de la Delegación del Gobierno, Roberto
Franca.
Aunque sus abogados pedirán su libre absolución, contra
todos ellos pesa la acusación de haber participado con más o
menos responsabilidad en la elaboración primero y en la
posterior filtración al diario EL PAÍS de un informe
policial sobre el presidente de la Audiencia en Ceuta,
Fernando Tesón, que en esta ocasión en lugar de sentarse en
el Tribunal [lo ocuparán tres magistrados venidos de la
península] ejercerá la acusación particular.
El prestigioso abogado sevillano que le representará en esta
tarea imputa al ex delegado del Gobierno, ahora asesor de
MUFACE, cinco delitos: prevaricación, contra la
independencia del poder judicial, continuado de infidelidad
en la custodia, continuado de revelación de secretos y por
calumnias. Según han detallado fuentes del proceso a este
periódico, el cómputo total de las penas solicitadas por
ellos asciende a 5 años y medio de cárcel y más de 10 de
inhabilitación, así como a 26 meses de multa a razón de 300
euros de cuota diaria.
A Valle se le imputan también todos esos delitos excepto el
de atentar contra la independencia del poder judicial. Por
su parte a Arévalo, además de ese tampoco se le achaca haber
prevaricado. El jefe de Prensa se enfrenta a dos delitos:
revelación de secretos y calumnias con publicidad. Además,
la acusación particular reclama de los imputados una pena
por responsabilidad civil de 300.000 euros que, una vez
deducidos los gastos del proceso, serían entregados a
Cáritas Diocesana de Ceuta.
La fiscal jefe de la Audiencia Provincial, que ejercerá la
acusación popular en el caso que comenzará a juzgarse hoy a
las 10.00 horas, acusa de los mismos delitos excepto el de
revelación continuada de secretos a Moro. A los policías les
imputa los de prevaricación y calumnias y al periodista sólo
por calumnias.
Libre absolución
El ex delegado del Gobierno está acusado de haber encargado
a Alejandro Valle a finales del año 2001 la elaboración de
un informe sobre el presidente de la Sección VI de la
Audiencia, Fernando Tesón, que finalmente habría elaborado
Arévalo con la conclusión de que existía una presunta
connivencia entre el magistrado y varios narcotraficantes
locales. El documento policial habría llegado por fax hasta
la misma Secretaría de Estado de Interior [el ex secretario,
Pedro Morenés, forma parte de la larga nómina de conocidos
testigos citados] y al diario EL PAÍS, que publicó una
información sobre su contenido en abril de 2002.
Por su parte, la defensa de los acusados, que será ejercida
por la Abogacía del Estado excepto en el caso del ex
delegado del Gobierno, pedirá “obviamente” la libre
absolución de todos los acusados al entender que no son
culpables de ninguno de los delitos de los que se les
imputan.
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tribunales / la defensa, por la
libre absolución
