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Desde que se aprobó la Ley integral contra la violencia de
género, hace ya dos años, ha habido numerosas posturas,
tanto a favor como en contra, en cuestiones como la supuesta
inconstitucionalidad de muchas de las medidas que la propia
Ley recogía, pero quizás los únicos datos objetivos en estos
dos años transcurridos, son las 140 víctimas que se ha
cobrado esta violencia machista.
Asociaciones como Amnistía Internacional revelan una
verdadera preocupación por la falta “de medios reales, pese
a la aprobación de la Ley, para la atención y servicio” a
las víctimas de esta violencia de género. Esta misma
asociación publicaba recientemente en su último informe
‘Pongan todos los medios a su alcance, por favor’, que
“algunos aspectos esenciales previstos por la Ley Integral
están aún por desarrollar, se están poniendo en práctica con
demasiada lentitud o simplemente quedaron reflejados en
papel”.
En este sentido, el magistrado del Juzgado Nº4 de Ceuta,
Javier Romero Jiménez, indicó que efectivamente “la Ley
tenía aparejadas una serie de medidas que después de
aprobarse no han existido o sen han aplicado de forma
escasa. Parece que después de dos años el índice de muertes
no desciende, lo que es realmente alarmante”.
El magistrado recalcó además el hecho de que la Ley Integral
creó gran cantidad de detractores, sobre todo en el mundo
judicial, por la inconstitucionalidad de determinadas
medidas. Otros colectivos sin embargo, ven esta Ley como
algo “totalmente necesario”.
“El Gobierno, tras pasar dos años ya, ha intentado dotar con
más presupuesto esta Ley Integral y así paliar esos defectos
que se han visto. Parece que se han dado cuenta de que esta
Ley no ha sido lo que se esperaba y lo que está claro es que
hay un verdadero problema que muchos magistrados han
denunciado ya y que ataña a cuestiones de
inconstitucionalidad de la propia Ley”, explicaba Romero
Jiménez .
En este sentido, quiso recalcar el magistrado, “sorprende
que el Tribunal Constitucional, después de dos años, no se
haya pronunciando en relación a las denuncias formuladas por
los jueces españoles”.
Asociaciones como Amnistía Internacional por su parte,
siguen insistiendo en que esta “Ley ha traído consigo
importantes mejoras. Es el caso de que se tipifiquen como
delitos acciones que antes sólo se consideraban como faltas,
o bien, que se hayan creado juzgados específicos para
aligerar los trámites judiciales de este tipo de denuncias”.
Estas asociaciones reconocen que las cifras de víctimas por
violencia de género han crecido desde la aprobación de la
Ley pero lo relacionan con el hecho de que hasta que no se
puso en marcha la Ley “estas cosas no se denunciaban, de ahí
este incremento tan considerable”. También se explica porque
este tipo de delitos antes no quedaban registrados al
tratarse como simples faltas.
El futuro de esta situación de violencia contra las mujeres
es incierta a todas luces, pero los jueces aseguran que
“hacemos lo que está en su mano con la legislación y los
medios que se tiene”. “Queda aún mucho tiempo para erradicar
de nuestras vidas esta lacra social, pero estas son con las
herramientas con las que contamos para aplicarlas y por lo
menos proteger a las víctimas con los medios de seguridad
necesarios”, concluyó el magistrado del juzgado ceutí.
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justicia / violencia de género
