El último informe elaborado por el miembro del Instituto de
Estudios Ceutíes (IEC) y profesor de Psicología Social de la
Universidad Autónoma de Madrid Luis de la Corte, titulado
‘Actividad yihadista en Ceuta: antecedentes y
vulnerabilidades’, publicado recientemente, incluye en su
apartado de conclusiones un “amplio abanico de medidas de
diversa índole” para prevenir la actividad ‘yihadista’ en
las dos ciudades autónomas entre las que se refiere la
necesidad de “implementar o mejorar las pautas de vigilancia
y detección de procesos de radicalización y contactos entre
reclusos relacionados con actividades yihadistas en la
prisión de Los Rosales”.
En la misma línea, De la Corte apuesta por “mejorar los
sistemas de seguridad aplicadas a medios de transporte e
infraestructuras básicas de la ciudad autónoma, con especial
atención a su puerto comercial (incluyendo los contenedores
y las embarcaciones allí ancladas o en tránsito), los
edificios públicos, las instalaciones fronterizas y
militares y las relacionadas con fuentes de energía”, así
como “reforzar el control en las fronteras” y “replantear
las directrices aplicadas a la gestión de los flujos de
inmigración ilegal que atraviesan Ceuta”.
“La superpoblación de la ciudad autónoma, que a su vez
desencadena una diversidad de problemas autóctonos y de
seguridad, está condicionada por dichos flujos”, advierte en
su análisis el colaborador del Real Instituto Elcano, quien
considera que también es necesario seguir incrementando “la
cooperación informativa y operativa entre las fuerzas de
seguridad y las instituciones judiciales españolas y
marroquíes”.
En el plano meramente social el miembro del IEC aconseja que
“tanto las autoridades como el conjunto de los ciudadanos
deben rechazar los estereotipos negativos existentes sobre
los diversos grupos étnicos ceutíes” y “evitar
generalizaciones que devalúen la imagen de unos u otros y
envenenen la convivencia”.
“La mejora de las condiciones de vida y el incremento de la
seguridad en los barrios periféricos de mayoría musulmana
constituye un objetivo inaplazable”, advierte para terminar
De la Corte, según cuya opinión “dicha mejora requiere una
considerable inversión de recursos y voluntades por parte de
diversos actores: autoridades políticas, fuerzas del orden,
organizaciones no gubernamentales, ciudadanía, etc”.
|