Esto de las elecciones cada día
tiene más mosqueado al personal. Nada más darse una vuelta
por los últimos resultados de los Referedums a los
Parlamentos de Cataluña y de Andalucía, por poner unos
ejemplos, vemos como el electorado no ha superado, en
ninguno de los dos casos, el treinta por ciento de votantes,
o sea, que los Estatutos de estas dos autonomías han sido
aprobados con la abstención de mas del setenta por ciento de
los censos, si se cuentan los votos nulos o en blanco. Y
para que hablar del referéndum de aprobación del Estatuto
Europeo que, a pesar de contar con el apoyo de la mayoría de
los partidos políticos, no llegó a alcanzar el 42 % de
participación del electorado. Y es que, señores, el
ciudadano ya está harto de promesas tales como que se va a
proceder a la mejora de la sanidad, de la enseñanza, de la
política de empleo, de la igualdad de la mujer en el
trabajo, de acceso a la vivienda, de total transparencia de
la gestión, de un urbanismo controlado, etc. cuando, en
realidad, vemos como permanecen las listas de espera, la
falta de guarderías y residencias de mayores, el incremento,
aun en menor escala que antes, del paro, el aumento del
precio de las viviendas y, a los que ya las tienen, del
importe de sus hipotecas, … Y, por contra, vemos como muchos
de estos cargos “elegidos”, lo primero que promueven es la
subida de sus emolumentos, si no directamente si a través de
consignaciones por pertenecer a tal o cual comisión o del
ejercicio de presidencias de Justicia, de Hacienda, de
Defensa, de Enseñanza, etc. etc. de que son objeto, por
ejemplo, los parlamentarios nacionales.
Como botón de muestra, hemos visto últimamente al Presidente
dimisionado de la Junta de Extremadura a quien, antes de
presentar su renuncia al cargo, le aprobó su Parlamento,
según hemos podido conocer por noticias de esas que emanan
de las tertulias radiofónicas y televisivas tan habituales
en estos medios, una pensión vitalicia de más de ciento
veinte mil euros, o sea, para entendernos, cerca de un
millón setecientas mil pesetas mensuales, sin contar otras
bagatelas que, seguro, le habrán sido concedidas: coche,
chófer, secretario, despacho, etc. U, otro ejemplo más
numeroso, la concesión de una pensión vitalicia en su tope
máximo (unas 445.000 ptas. mensuales) a cuantos han sido
parlamentarios, Diputados o Senadores, por el mero hecho de
haber pertenecido a las Cámaras aun cuando hubiera sido una
sola legislatura (cuatro años), lo que a cualquier hijo de
vecino le supone tener que haber cotizado durante treinta y
cinco años, cuando menos, para obtener una pensión de tal
índole y siempre que hubiera cotizado por el grupo primero
del Régimen General de la Seguridad Social. Luego nos vienen
con los discursos de que “el pueblo ha depositado en
nosotros su confianza” y no cabe por menos que preguntarse:
¿el 30% del electorado es el pueblo?. De qué clase de
confianza son depositarios aquellos concejales, alcaldes,
presidentes de comunidades, senadores, diputados, ministros
y presidentes del gobierno, cuando no disponen de más del 70
% del voto de sus conciudadanos. ¿No les puede llevar esto a
pensar que la causa del rechazo de los electores es el que
optan por la postura mas cómoda de la abstención para
mostrar su desencanto antes que prestar su apoyo a quienes
no llevan a la práctica cuantas propuestas prometen durante
la campaña electoral?. Total que “de lo dicho al hecho…”
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