El gerente de la empresa municipal Obimace, Gregorio García
Castañeda, salió ayer al paso de las críticas que durante
los últimos días le ha dirigido el Comité de Empresa de la
sociedad al asegurar que su papel en el proceso de
incorporación de medio centenar de trabajadores del extinto
Pacto Territorial por el Empleo a su plantilla se ha
limitado a “seguir las instrucciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma”. “No he mentido nunca ni he dado falsas
expectativas a nadie”, subrayó Castañeda, quien se mostró
“extrañado” por el contenido de los dos últimos comunicados
del Comité, con mayoría de UGT, en los que incluso se llegó
a pedir su cese fulminante.
Castañeda detalló ayer que fue “el veintitantos de mayo”
cuando recibió el informe del Ejecutivo autonómico en el que
se le trasladaba el acuerdo alcanzado con los sindicatos y
los representantes del colectivo de 182 trabajadores sin
recolocar para incorporar a cincuenta de ellos a Obimace.
“Peones ordinarios”
“Cuando ese documento estuvo en nuestras manos”, puntualizó
Castañeda, “y de acuerdo con la legalidad vigente comenzamos
los trámites del proceso, que en primer lugar pasaba por
recopilar una serie de documentación de todos ellos”. Para
“agilizar” ese proceso el nuevo viceconsejero de
Equipamiento urbano y barriadas contactó con el
representante del colectivo, Sadek Dris, para que éste
asumiese parte de esa labor con el resto de capataces
vinculados al Pacto.
“Si en algún momento dije que era personal de Obimace quien
estaba haciendo esa labor fue un error mío o de
transcripción de mis palabras, ya que nunca ha sido así”,
quiso dejar claro Castañeda, quien espera abrir el próximo
lunes las carpetas con la documentación aportada para
comprobar “si todo está en regla” y, en caso contrario, dar
los tres días preceptivos para completarla a los
interesados.
Obimace, que actualmente cuenta con 162 trabajadores, verá
así ampliada hasta 212 personas su plantilla de empleados.
“Vamos camino de convertirnos en una gran empresa que además
está muy bien gestionada, como demuestran nuestros balances
de cuentas anuales, y la mala imagen que se ha vertido sobre
ella no es buena para nadie”, lamentó García Castañeda,
quien calcula que las nuevas incorporaciones de los nuevos
peones ordinarios podrían hacerse efectivas “durante el mes
de julio”.
Antes, y una vez que se cierre el plazo de recopilación de
la documentación de los aspirantes, deberá reunirse el
tribunal calificador [que estará formado por un
representante de Obimace, 2 de la Consejería de Empleo, uno
de UGT, otro de CCOO y un secretario con voz pero sin voto]
para dilucidar de acuerdo a los criterios acordados por la
Ciudad y las centrales sindicales quiénes son los
integrantes del Pacto que entrarán en la empresa municipal.
Los criterios que utilizará dicho tribunal serán, tal como
ha adelantado este periódico, los siguientes: la experiencia
profesional de los aspirantes contará 0,1 puntos “por cada
mes o fracción de antigüedad [a partir de 15 días] en el
Pacto; de la formación, hasta un máximo de dos puntos, se
contabilizarán 0,01 puntos por cada hora de formación
acreditada. Una entrevista personal valdrá otros dos puntos
[UDCE-IU ha criticado que esta prueba “subjetiva” sea, según
prevén, la que decida la multitud de empates que se
producirán tras sumar los dos primeros conceptos]. Por
último, cada hijo menor de 25 años o cada minusválido en la
unidad familiar sumará otro punto. En caso de empate será
contratado quien tenga el hijo de menor edad.
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La consolidación de subidas de categoría, paralizada sin
plazos
A juzgar por lo que cuentan
quienes han estado en ellas desde ambos bandos, las
reuniones de los representantes sindicales y empresariales
en Obimace suelen acabar como algo muy parecido a un
vodevil. La sociedad, sobre la que se han vertido todo tipo
de sospechas de enchufismo y otras bajezas, tiene pendiente
aún la aplicación de un acuerdo suscrito por su Comisión
Mixta de Interpretación para consolidar las subidas de
categoría en su plantilla, un requisito que UGT piensa poner
por delante antes de nuevos cambios en su estructura.
En dicho acuerdo se estableció que para la negociación de
las Bases de Superior Categoría se formaría un tribunal con
cinco miembros, tres por parte de la empresa ya designados y
otros dos de las centrales sindicales UGT y CCOO aún no
comunicados a la empresa. Además, se acordó que “conforme a
los principios de igualdad, mérito y capacidad” se
procedería a cubrir los puestos vacantes “sin especificar
número fijo de plazas y categorías a cubrir, debiendo
hacerse de forma piramidal comenzando por las categorías
superiores”.
El proceso selectivo, se pactó, se realizará mediante
“prueba de capacitación del perfil exigido, siendo apto o no
apto”. La puntuación incluiría hasta siete puntos por
experiencia [0,005 por mes en otra empresa hasta 2; hasta 3
en Obimace y 0,05 por mes en la categoría], hasta uno por
informe de la empresa y dos puntos por formación, aunque UGT
pidió que no fuese requisito indispensable.
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