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La Delegación del Gobierno en
Ceuta, de común acuerdo con los máximos responsables de
todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la
Ciudad Autónoma, acordó ayer en la Junta Local de Seguridad
supeditar “todo el dispositivo” que se organizará este
verano en el Estrecho con motivo de la Operación Paso del
Estrecho (OPE) a la seguridad de los pasajeros que utilicen
los barcos que operan en la línea regular que une Algeciras
con Ceuta.
Tras años embarcando a última hora y con una laxitud máxima,
a veces rallando en la irresponsabilidad, las últimas
amenazas de Al Qaeda y sus organizaciones adláteres sobre
España en general y sobre Ceuta y Melilla en particular, con
el oportuno altavoz del juez Baltasar Garzón, las
autoridades parecen haberse decidido a poner orden en los
embarques del Estrecho de Gibraltar y el resto de puertos
del Estado, presuntamente un “objetivo soñado” de la red de
Osama Bin Laden tras haber atentado ya en barcos, trenes y
autobuses.
Obviamente, este refuerzo de las medidas de seguridad traerá
consecuencias sobre los consumidores y usuarios del
transporte marítimo. El más nimio de todos ellos y el que
seguramente se producirá más habitualmente, sin que deba
convertirse por ello en norma general, son los retrasos en
las horas de partida y llegada previstas para los buques.
Con buen tino, el delegado del Gobierno aprovechó su
comparecencia de ayer para pedir a la ciudadanía ceutí, la
más afectada sin duda por las alteraciones que genera en la
línea el tránsito vacacional de los magrebíes, “paciencia” y
“comprensión” por las molestias que pueda ocasionarle el
refuerzo de la seguridad. El objetivo es, sin duda, un bien
mayor e irrenunciable al que ninguno estaría dispuesto a
renunciar a cambio de tener la certeza de que va a abandonar
el ferry a la hora estipulada.
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OPINIÓN / EDITORIAL
