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En los inicios de los primeros
años del siglo XXI en España, la Justicia comienza a
establecer parámetros acordes con la realidad social y de
avance, lento pero real, en equiparación de oportunidades
entre hombre y mujer.
La sentencia dictada por una jueza catalana retirando la
custodia de la madre y otorgándosela al progenitor por el
hecho constatado –en ese caso- de que la progenitora
influenciara a sus hijos contra el padre, no hace sino dar
el primer paso firme hacia la protección real de los menores
inmiscuidos –sin quererlo- en los desajustes educacionales y
emocionales de las partes en litigio [padre y madre] que
logran irresponsablemente utilizar a los hijos como
instrumentos a los que transferir la carga de negativos
sentimientos motivados por el fracaso conyugal.
La ciega frialdad de la Justicia comienza a evolucionar en
el sentido de ‘introducirse’ en las repercusiones
sentimentales y emocionales del hombre como especie. La Ley
no previene, ni regula, ni valora las cargas sentimentales
de los matrimonios extinguidos por el fracaso de la
‘convivencia’; la aplicación de ésta, pues, no contemplaba
ni de lejos, la posibilidad de que los hijos [principales
actores a proteger] padecieran los efectos de la ‘alienación
parental’ instigada por unos progenitores en contra del
otro.
Por tanto, la sentencia es un paso evolutivo en los siempre
complicados y farragosos procesos derivados de separaciones
litigiosas.
Si las leyes modernas procuran la igualdad en el sentido de
no diferenciar capacidades por mor del sexo, la Justicia
tiene el deber de no fracturar –de inicio- el desarrollo
emocional de los hijos separándolos, por edicto, de la
figura de uno de los dos progenitores.
Esta evolución social justa, basada en la no diferenciación
por causa del género mediante promulgaciones como la Ley de
Igualdad, debe contar con la respuesta inmediata de la
Justicia en la aplicación en todos los órdenes afectos a las
históricas desigualdades por causa del sexo.
Los hijos, por no ser bienes tangibles y, por tanto,
difícilmente cuantificables, no deben quedar exentos, ni
privados de un justo reparto emocional y de sentimientos que
la Justicia, hasta ahora, venía desoyendo por sistema.
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OPINIÓN / EDITORIAL
