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El Gobierno central ha asegurado al diputado coruñés del PP
Arsenio Fernández de Mesa que de acuerdo con la información
que obra en poder del Ejecutivo que preside Rodríguez
Zapatero sobre el caso de la información recopilada por la
Sección de Inteligencia de la Comandancia General Militar de
Ceuta “no consta la existencia de órdenes superiores para
llevar a efecto” dicho espionaje, aunque recuerda que “será
una resolución judicial firme la que se pronunciará sobre la
responsabilidad de aquellas [órdenes superiores] y el mando
que, en su caso, las hubiera ordenado”.
El parlamentario gallego interrogó por escrito al Gobierno
de la nación el pasado mes de abril con el propósito de
conocer los “datos” en poder del Ministerio de Defensa
“sobre los 175 informes elaborados desde la Sección Segunda
de la Comandancia General militar de Ceuta durante los años
2005 y 2006 sobre diferentes sindicatos y personas
privadas”.
En su respuesta, el Gobierno recuerda que “todos los
informes a que se refiere Su Señoría fueron trasladados al
Juzgado Togado Militar número 25 de Ceuta para la
investigación de las presuntas responsabilidades a que
hubiera lugar” y explica que “habida cuenta que al mando de
la [Segunda] Sección se hallaba un teniente coronel, se han
remitido en inhibición todas las actuaciones a la Sala de
Justicia del Tribunal Militar Central”, órgano competente
para investigar los delitos contemplados en el Código Penal
Militar que se impute a cualquier soldado con empleo
superior a Capitán.
Defensa ordenó el pasado 23 de enero el cese inmediato del
Teniente Coronel de Inteligencia de la COMGE ceutí, José
María Albarracín, después de que se filtrasen al periodista
Tomás Partida varios informes elaborados por personal a sus
órdenes sobre civiles.
En concreto, el Ministerio justificó su decisión por la
realización de sendas investigaciones sobre los líderes de
los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, así como sobre la
asociación de vecinos de El Morro en 2005 y 2006,
respectivamente.
La orden directa procedió del jefe del Estado Mayor del
Ejército (JEME), el general Carlos Villar, quien además dio
instrucciones para que se procediera a una inspección
exhaustiva de la unidad de inteligencia de Ceuta, en la que
antes de Albarracín había estado al frente el teniente
coronel Francisco Berenguer, que al destaparse el caso
estaba destinado en el Cuartel General del OTAN en Alemania.
Aunque los militares trataron de mantener el proceso en el
ámbito de la jurisdicción militar el secretario general de
CCOO, Juan Luis Aróstegui, además de personarse como
acusación particular en todas las actuaciones que llevase a
cabo el Togado Militar local, solicitó a través del Registro
General de la Delegación del Gobierno a Defensa “todos los
datos” referentes a la investigación realizada sobre la
dirección política del sindicato y posteriormente interpuso
una querella contra el por aquel entonces comandante general
de Ceuta, Luis Gómez Hortigüela, que pasó a la reserva el
mes pasado.
El pasado día 10, el l Juzgado de Primera Instancia número 2
de Ceuta desestimó el archivo de esa querella al entender
que el escrito de la Abogacía del Estado del 23 de marzo
donde solicitaba la nulidad de la admisión a trámite del
acto de conciliación y el archivo de las actuaciones
abiertas contra Gómez Hortigüela no se ajustaba a derecho.
El abogado del Estado defendía que era imposible la admisión
a trámite de actos de conciliación en procesos ·donde estén
interesados el Estado, las Comunidades Autónomas y las demás
Administraciones Públicas, Corporaciones o Instituciones de
igual naturaleza”.
La juez ceutí resolvió, de acuerdo con las tesis de CCOO,
que la conciliación tiene como objetivo acreditar si los
actos de espionaje e intromisión en la vida privada de Juan
Luis Aróstegui y otras personas fue ordenada y consentida
por el comandante general, algo que el Gobierno descarta
ahora.
Además, el Ejecutivo de la nación subraya que todos los 175
informes elaborados “se hallan sometidos a la reserva que
exige su conocimiento por los órganos judiciales, quienes
determinarán el alcance y la naturaleza de las actividades
reflejadas en los mismos”, un tema por el que el Grupo
Parlamentario de IU en las Cortes Generales también preguntó
al Gobierno sin haber obtenido aún respuesta.
En sus primeras declaraciones públicas sobre el asunto,
Gómez Hortigüela declaró en una entrevista concedida a este
periódico que no se ha arrepentido “de nada” de lo hecho en
relación con este asunto y negó que el teniente coronel
Albarracín, que intentó suicidarse una semana después de su
cese tirándose al patio interior del Cuartel General de la
Comandancia hubiese estado “solo” en ningún momento. “Nunca
estuvo solo, sino todo lo contrario. Estuvo en todo momento
arropado y respaldado por sus compañeros y por sus jefes”,
aseguró Hortigüela pese a que en el ámbito castrense ceutí
generó cierto malestar que toda la responsabilidad del tema
se centrase en el teniente coronel responsable de la
Sección.
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EJÉRCITO / INTELIGENCIA MILITAR
