Después de casi seis meses de espera el Ministerio de la
Vivienda, a tenor del expediente emitido por la Ciudad sobre
el antiguo edificio del Cine África, dónde se espera
construir el nuevo Palacio de Justicia, ha emitido una orden
ministerial en la que se explica que las cuestiones alegadas
por la Ciudad en ese expediente, no son “suficientes
motivos” para llevar a cabo la construcción del nuevo
edificio judicial, así lo explicó ante los medios de
comunicación en la mañana de ayer, el delegado del Gobierno,
Jenaro García Arreciado.
En esa orden ministerial, que ya ha sido publicada en el BOE,
se deniega el expediente presentado por la Consejería de
Fomento de Ceuta, incidiendo en el incumplimiento del lo
previsto en el artículo 20 de la ley de Patrimonio Histórico
Español. Se insiste en que para que se construya el nuevo
Palacio de Justicia, se requiere la concepción de un “plan
especial” que garantice la no afectación a los bienes de
tipo cultural cercanos a ese edificio, como es la Batería
del Espino.
El delegado del Gobierno, García Arreciado, quiso insistir
en que la respuesta esgrimida desde el Ministerio de la
Vivienda es “inapelable”.
Un largo procedo
La Ciudad planteó una modificación puntual del plan de
ordenación urbana de Ceuta, referido al antiguo Cine África,
con el objetivo de construir un edificio de 12.000 metros de
planta útiles y otros 2.000 metros bajo rasante, que
albergara el nuevo Palacio de Justicia. Esta modificación
afectaba a la ordenación del espacio, la ocupación de la
parcela y sobre todo, al volumen, porque se iba a construir
7 plantas, motivo por el que hacía falta la intervención del
Gobierno Central.
El Ministerio de la Vivienda, órgano competente en este
caso, suspendió el 25 de octubre de 2006, la aprobación de
la modificación propuesta por la Ciudad, por incumplimiento
del lo previsto en el artículo 20 de la ley de Patrimonio
Histórico Español, y es que se consideraba la Batería del
Espino como elemento del Conjunto de Fortificaciones de la
Almina. De esta forma se le comunicó a la Ciudad.
En diciembre de 2006, la Consejería de Fomento del Gobierno
de la ciudad autónoma, envió al Ministerio un nuevo informe
de la comisión de Cultura, con una serie de razones en las
que se explicaba que había suficiente distancia para que “no
hubiera afección ninguna” sobre la Batería del Espino.
El Ministerio de Vivienda ofreció el silencio administrativo
por respuesta y se volvió a remitir al artículo 20 de la Ley
de Patrimonio, con el que se insiste en la necesidad de un
plan especial para esta actuación.
Juan Miguel Hernández, arquitecto muy reconocido
internacionalmente, coincidió en su informe con lo que
esgrimía el Ministerio. “Es indeclinable la necesidad de
elaborar un plan especial. Mientras no haya ese plan
especial, no se puede cambiar ni volúmenes, ni
edificaciones, ni viales, ni alineaciones, ni rasantes, ni
ningún elemento urbanístico que según la comisión de Fomento
de la Ciudad quería realizar”, informó Hernández.
El delegado se reúne con Vivas
El pasado jueves se llevó a cabo una reunión entre el
delegado del Gobierno y el presidente de la Ciudad Autónoma,
Juan Vivas para iniciar actuaciones tras las últimas
noticias del Ministerio.
Se acordó finalmente por las dos administraciones, según
informó Arreciado, que “se mantiene la necesidad y urgencia
de construir en Ceuta un Palacio de Justicia que dignifique
las condiciones de los trabajadores y de los usuarios del
servicio público de justicia en la ciudad”.
El delegado recordó que existen otras alternativas pero
entiende que la realización de un plan especial “es la
medida más rápida y eficaz” para conseguir la futura
construcción. Pese a todo y aunque el procedimiento que se
comience por parte de la Ciudad sea urgente, comentó que el
proceso será largo ya que exige la redacción y tramitación
de este plan especial.
Ante la decisión de no llevar a cabo el plan especial por
parte de la Ciudad desde un principio, Arreciado puntualizó
que entiende que la Ciudad creyó que de esa forma ahorraba
tiempo y que sería suficiente su justificación para el
Ministerio, pero el arquitecto, Juan Miguel Hernández, “es
contundente a la hora de decir que estos argumentos son
insuficientes para garantizar el cumplimiento del artículo
20”, concluyó.
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