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Decenas de documentos oficiales aparecían hace escasamente
dos semanas en la zona de ampliación del puerto de Ceuta, de
esta forma lo denunciaba un ciudadano a EL PUEBLO. Estos
documentos encontrados, además de facilitar información
confidencial de personas que han tenido que abonar cualquier
tipo de multa, por alguna causa en los deferentes juzgados
de lo Penal de Ceuta, ofrecían información de cuentas
bancarias, procedimientos judiciales y sentencias dictadas
desde los años 2000 hasta 2004.
En la zona del Puerto existe un almacén municipal donde los
juzgados de la localidad llevan los documentos antiguos que
no tienen vigencia. La posibilidad de que estos documentos
aparecidos procedieran de ese almacén no está descartada,
pese a que la Policía no ha abierto ningún tipo de
investigación al respecto. De hecho, desde ese archivo
municipal no se ha denunciado ningún tipo de pérdida o robo.
Según explicaron fuentes consultadas por EL PUEBLO, es
habitual que cantidades importantes de documentación oficial
de todo tipo, incluyendo facturas de empresas privadas de la
ciudad, acaben en esa zona del puerto ocultas bajo los
escombros de los camiones que trabajan en las obras
colindantes.
“Hay veces que estas mismas empresas pagan a los inmigrantes
que deambulan por ahí para que oculten bajo los escombros y
la basura la documentación que no han destruido”, añadió.
Esta vez la documentación encontrada es mucho más relevante
si cabe, ya que se trata de archivos procedentes de los
juzgados de la localidad.
Los Juzgados se mudan
Cabe reseñar el hecho de que justo cuando se ha producido el
cambio de sede de los Juzgados de lo Penal Número Uno y
Número Dos de Ceuta a la Comandancia de Obras haya sido el
momento en el que estos documentos aparecieron en la zona
del muelle.
Por su parte, la empresa de transporte que realizó la
mudanza de estos juzgados, Mudatrance, aseguró que estuvo
escoltada por la Guardia Civil durante los traslados de la
documentación, en los nueve días que duró la mudanza, y que
tanto los documentos como el material informático que
tuvieron en sus manos, eran de fechas actuales, en ningún
caso archivos tan antiguos como los que aparecieron en el
puerto, que están fechados desde 2000 hasta 2004.
La legalidad 15/1999
A la vista de lo sucedido podría estar ocurriendo por parte
de las instituciones y organismos oficiales, un
incumplimiento de la Ley 15/1999 sobre protección de datos.
Esta Ley Orgánica que se aprobó con el objetivo de
garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de
los datos personales, es la que debe velar por salvaguardar
las libertades públicas y los derechos fundamentales de las
personas físicas y especialmente de su honor, intimidad y
privacidad personal y familiar.
Las sanciones previstas por la Ley dependen de la gravedad
del incumplimiento de ésta. Así, las infracciones leves
serán sancionadas con multa de entre 600 a 60.000 euros, las
infracciones graves serán sancionadas con multa de entre
60.000 a 300.000 euros y las infracciones muy graves serán
sancionadas con multa de 300.000 a 600.000 euros.
Pese a todo, las empresas siguen intentando ahorrarse el
coste que supone la destrucción de estos datos oficiales,
según está estipulado por la ley, sin recabar en el daño que
pueden llegar a producir a las personas anónimas, ya que en
este caso concreto, entre los documentos del juzgado
existían varios archivos con estractos de cuentas bancarias
y documentos nacional de identidad.
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reportaje / Documentos de los
juzgados
