Hay diversas formas de precariedad laboral, una de ellas es
la llamada sobrecualificación o ‘titulitis’. Esto sucede
cuando un trabajador desempeña una ocupación de inferior
cualificación a la formación y estudios que posee. Este
fenómeno llega incluso a tener variantes como la ‘infraocupación’,
que se produce cuando las empresas se aprovechan de la
formación y cualificación de los trabajadores a través de
ocupaciones donde no se reconoce ni salarial ni
profesionalmente dichos conocimientos.
Las organizaciones sindicales ejemplifican con el caso de
los teleoperadores que confeccionan las declaraciones de la
renta, y a los que se les “exige” disponer de formación
universitaria en económicas, empresariales o derecho.
Ciudad autónoma
Ceuta queda un poco aislada del fenómeno de la ‘titulitis’.
En primer lugar el número de universitarios por cada 1.000
habitantes, (especialmente decepcionante en la comunidad
musulmana), es de los más bajos de España. También se debe
tener en cuenta que gran parte de esos licenciados (90%)
optan a una plaza de funcionariado y no colapsan otro tipo
de mercado laboral.
El problema llega a la hora de buscar mano de obra
cualificada. No hay. Los planes de empleo de 2007 elaborados
por la Delegación del Gobierno plantean que deben mejorar
este aspecto (la formación continua) para que las tasa de
paro no agobien a la población joven de Ceuta.
La ciudad autónoma se mueve entre la falta de licenciados y
especializados, que en numerosas ocasiones crea problemas
(por ejemplo, en muchas áreas sanitarias), y la falta de
mano de obra que permita mitigar el paro y autoabastecer la
demanda local de trabajadores.
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Los estudios no garantizan altos sueldos
En el cuarto trimestre de 2006
había casi cuatro millones de españoles asalariados con
titulación universitaria y apenas 2,5 millones de
asalariados en puestos de trabajo que reconocen esa
cualificación.Es decir, 1.370.000 asalariados cuentan con
estudios universitarios pero no desempeñan una ocupación
acorde con tal formación, sino una inferior.
Esto supone que más de un tercio (35,5%) de los asalariados
con estudios superiores de este país desempeñan ocupaciones
inferiores a las que deberían desempeñar por su
capacitación.
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