La paridad tan deseada por unos comienza a plantear
problemas en ciertos sectores. La recientemente aprobada Ley
de Igualdad ha eliminado las escalas masculina y femenina
entre los funcionarios de prisiones. Esto significa que las
pruebas opositoras de este funcionariado no reservará un
cupo para hombres y para mujeres, práctica común hasta hace
muy poco.
El problema reside en que la proporción de hombres y mujeres
en las cárceles españolas es de un 92 -8. Raúl Fernández,
miembro de UGT, recuerda que los internos tienen una serie
de derechos entre los que se encuentra ser atendidos por una
persona de su mismo sexo. Con la nueva legislación se podría
dar el caso de que en una prisión masculina todos los
funcionarios fueran mujeres o viceversa. Fernández advierte
que en algunas comunidades (caso de Cataluña) en las que ya
se aplica esta paridad existen problemas desde la
unificación de escalas.
UGT ya ha manifestado su postura a la Dirección General de
Prisiones, dependiente del Ministerio de Interior, que
elabora un informe en el que analiza los posibles problemas
que va a suscitar la Ley de Igualdad en las prisiones
españolas y las medidas a tomar. Bajo este panorama UGT se
postula en contra de la unificación de escalas. Desde el
sindicato aclaran que no son diferencias sexistas solo se
debe a cuestiones prácticas.
Plazas
Las siguientes oposiciones, a ayudante de instituciones
penitenciarias, han convocado un total de 925 plazas en todo
el territorio nacional. Esta cifra parte sin escalas, tanto
hombres como mujeres tendrán el mismo número de
oportunidades, y desde UGT espera que el número de mujeres
que apruebe supere al de hombres ya que las notas de corte
de éstas en anteriores ejercicios opositores fue más
elevada.
Ante la posibilidad de que el número de mujeres funcionarias
empiece a aumentar (es mucho más probable que aumenten las
trabajadoras que el número de reclusas) desde UGT y la
Dirección General de Prisiones ya se piensa en una serie de
medidas para paliar el impacto que sufrirán las cárceles
españolas.
Entre estas medidas se encontraría la obligatoriedad de que
exista un mínimo de funcionarios de cada sexo para no
encontrarse en la tesitura de que una mujer tenga que
‘cachear’ aun hombre o viceversa. Raúl Fernández advierte
que estas medidas llevan a la “desvirtuación” de la Ley de
Igualdad ya que condiciona el número de funcionarios de cada
sexo que deben ejercer su función en un entorno de igualdad.
Habrá que esperar hasta el próximo año para poder confirmar
que el número de mujeres funcionarias en prisiones haya
aumentado y esto repercuta en las condiciones de los
internos.
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