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La salida a la calle, ayer, en
forma de mesas informativas en la Plaza de los Reyes y el
Paseo del Revellín, de la Asociación de Lucha Contra las
Enfermedades Renales (ALCER), el Instituto de Gestión
Sanitaria (INGESA) y los representantes institucionales de
la Ciudad Autónoma para dar cobertura a la celebración del
Día del Donante de órganos es una iniciativa necesaria a la
par que plausible.
Tanto las asociaciones del ramo como las instituciones,
incluida la Delegación del Gobierno, a cuyos representantes
se echó de menos ayer en la calle, son las responsables de
que la sociedad, que según las estadísticas está dispuesta a
contribuir a la causa, dé los pasos efectivos a tal efecto.
No sólo para aumentar el número de ciudadanos con el carné
de donante en su bolsillo, sino sobre todo para aumentar la
conciencia general sobre este acto solidario y humanista. En
España partimos, en ese aspecto, desde un punto inmejorable:
según los datos aportados ayer por la ministra de Sanidad,
“los españoles admiran enormemente a las personas que donan
órganos”. El 96% de los encuestados en todo el Estado
durante el año pasado tiene una opinión “muy buena” o
“buena” de ellos, pero como reconoció la propia Salgado, “el
grado de compromiso público es todavía mejorable”.
Especialmente si se tiene en cuenta que desde 1993, el
número de personas con tarjeta de donante en nuestro país,
apenas ha crecido dos puntos porcentuales (al pasar del 6,1%
en 1993, al 8,2% en 2006).
Encontrar las causas de ese escaso compromiso práctico es
una tarea que debe preocupar a la Administración pública. La
sociedad debe saber exactamente quién puede y quién no puede
ser donante; qué compromisos se adquieren; qué posibles
trabas puede encontrar su familia a la hora de su
fallecimiento... Todas esas dudas que pueda tener un
ciudadano preocupado por este asunto deben poder ser
resueltas con facilidad porque, al fin y al cabo, se trata
de un gesto absolutamente generoso y desinteresado que hay
que facilitar.
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OPINIÓN / EDITORIAL
