El 82,8% de los arrendamientos de viviendas localizados en
Ceuta son “alquileres sumergidos que escapan del control del
Fisco” según los datos del informe elaborado por el
sindicato más representativo del Cuerpo Técnico del
Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA), a cuyo contenido
íntegro ha tenido acceso este periódico.
Estos datos sitúan a la ciudad autónoma como “la región con
mayor porcentaje de arrendamientos no declarados”, de
acuerdo con el estudio realizado por este colectivo. En la
actualidad, se calcula que existen alrededor de 3.266
alquileres sumergidos en Ceuta, lo que representa el 0,3%
del total del parque de viviendas alquiladas en nuestro
país. En España, el número de alquileres sumergidos supera
los 977.306, lo que supone el 60,5% del total de viviendas
arrendadas.
El informe del sindicato, elaborado a partir del cruce de
los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de
Estadística (INE) y la declaración del Impuesto de la Renta
de las Personas Físicas (IRPF), cifra en 8,3 millones de
euros anuales las rentas sumergidas en Ceuta derivadas del
arrendamiento de vivienda, excluyendo de este cómputo los
alquileres relacionados con garajes, locales, solares,
oficinas y otros inmuebles similares. En España, la cifra
asciende a un total de 1.800 millones de euros.
Según Gestha, los arrendamientos más propensos a registrar
irregularidades son los alquileres “de temporada”,
especialmente los situados en las localidades costeras y
aquellos protagonizados por los sectores socioeconómicos
menos favorecidos, como son los inmigrantes o los
estudiantes, cuyo domicilio suele ser provisional. Tras
estos, los relacionados con el alquiler de segundas
residencias o de fines de semana son los que más
habitualmente se ocultan a la Administración.
Por zonas geográficas el 82% del fraude por alquileres no
declarados se concentra en Cataluña, Madrid, Andalucía,
Islas Canarias, Valencia y Baleares, mientras que las
comunidades autónomas de La Rioja y Cantabria son las que
menos arrendamientos ilegales presentan.
En la ciudad autónoma de Melilla, donde el parque de
viviendas alquiladas asciende a 4.984, sólo 888 de ellas se
declaran a Hacienda, lo que supone un fraude al fisco en el
82,18% de los casos, la segunda tasa más alta de toda España
tras la de Ceuta.
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