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La última polémica organizada
entre la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y
Ciencia (MEC) y la Junta de Personal Docente que preside
Juan Luis Aróstegui vuelve a apestar a trifulca política
trasladada, una vez más, a ámbitos donde no le toca entrar
por el interés prioritario de los estudiantes, los más
perjudicados por este enfrentamiento.
Es absolutamente inexplicable, como denuncia la Junta de
Personal Docente, que la Dirección Provincial firmase hace
pocas semanas un documento que ahora, sin mayores
argumentos, ha suspendido el Ministerio en Madrid. Es
inexplicable no porque no pueda tener explicación razonable,
sino porque nadie la ha aportado, lo que no deja de ser
sospechoso si es que la hubiera.
Las explicaciones del delegado del Gobierno al respecto no
han arrojado mucha más luz sobre el asunto, por lo que
también entra dentro de la lógica que la Junta de Personal
Docente le pregunte públicamente, como hizo ayer a través de
una nota de prensa, cómo es posible que ahora le parezca
improcedente dejar veinte días sin clase a los alumnos en el
tercer trimestre del año si lo mismo se hizo durante los dos
últimos años académicos con esta misma Administración.
Ciertamente, la Junta tampoco responde con criterio a los
argumentos de la Delegación del Gobierno: que algo se lleve
haciendo durante diez años no quiere decir necesariamente
que esté bien hecho y sea positivo para la formación de los
estudiantes, mucho más en una ciudad que bate, por
desgracia, records de fracaso escolar a nivel nacional.
Sorprende también el berenjenal organizado por unos días de
vacaciones que, en teoría y según los razonamientos
expuestos, se recuperarían en otros momentos del año. La
Junta no muestra precisamente una buena imagen convocando
nada menos que una huelga general indefinida y hablando de
“venganzas políticas”, asumiendo que el profesorado se
alineó el 27-M con el líder político-sindical-docente, y no
haciéndolo por un tema mucho más trascendente como el de los
interinos.
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OPINIÓN / EDITORIAL
