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Menos de veinticuatro horas
después de proclamarse vencedor en las elecciones del pasado
domingo, el presidente electo de la Ciudad Autónoma, Juan
Vivas, proclamó anteayer en nombre del PP que su equipo ya
está trabajando en los asuntos de interés inmediato para los
ceutíes. Uno de los prioritarios es, como reconoció el
propio Vivas durante la campaña electoral, la rehabilitación
integral de los polígonos del Tarajal, proceso que sin duda
será largo y complicado pero sobre el que ya están dando los
primeros pasos.
La imprescindible remodelación de ese área, uno de los
pulmones que sostienen la depauperada estructura económica
ceutí, debe ser uno de los objetivos primordiales de la
Asamblea que se constituirá el próximo 16 de junio y del
Gobierno que encabezará Vivas. El primer paso debe ser,
obviamente, la regularización administrativa de todos los
locales comerciales que allí se asientan. Ni Ceuta ni el
Tarajal deben ser, en ese sentido, una excepción a la regla
que rige el funcionamiento de este tipo de superficies en el
resto del Estado, donde no se concibe que una zona de estas
características opere con decenas, si no centenares, de
naves sin sus permisos de apertura e instalación en regla.
Por ello no cabe sino aplaudir la publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de los primeros trámites realizados
desde la Administración autonómica en esa dirección.
Completada esta fase del proceso el Ejecutivo del Partido
Popular tendrá que afrontar el ‘lavado de cara’ que
necesitan los polígonos, erradicando la imagen
tercermundista que tanto daña la imagen de la ciudad
autónoma en el resto de España y que en nada contribuye a
mejorar las cuentas de resultados de los empresarios
asentados en el Tarajal, cuya contribución será de
incuestionable importancia para completar el proyecto
iniciado. Convertir el Tarajal en un área comercial donde se
compre y se venda con las idóneas condiciones de seguridad y
orden será, sin duda, un importante balón de oxígeno para la
economía ceutí, pero a ese propósito debe sumarse también,
con todos sus recursos, la Administración General del
Estado.
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OPINIÓN / EDITORIAL
