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Con alrededor de un millar de
representantes en la ciudad autónoma, la comunidad hindú de
Ceuta lleva sesenta años como entidad oficialmente
constituida y un siglo en la realidad cotidiana
contribuyendo decisivamente al desarrollo y la cohesión
social a nivel local. Esta contribución debe ser, otros
méritos aparte, razón de más para que la Administración
General del Estado incluya a los miembros de esta cultura
como grupo de pleno derecho no sólo en las iniciativas de la
Fundación Pluralismo y Convivencia, dependiente del
Ministerio de Justicia desde su constitución en octubre de
2004 en el Consejo de Ministros, sino también en cualquier
otra propuesta vinculada con la multiculturalidad y su
promoción en la ciudad autónoma.
El primer paso en este sentido lo dio, en su visita de enero
del año pasado, el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, quien se comprometió con la comunidad
hindú ceutí a tenerlos en cuenta. Ahora, según se desprende
de las declaraciones de los representantes del Ministerio de
Justicia, estas buenas intenciones se encuentran con un
obstáculo de fácil solución si el Ejecutivo de la nación
tiene el deseo de eliminar la desigualdad de trato que
actualmente se produce con los hindúes ceutíes.
El hecho de que los hindúes españoles no cuenten con una
entidad que los agrupe a nivel nacional no debe ser óbice
para que sus inquietudes, sus propuestas y sus iniciativas
sean escuchadas y respaldadas por la Administración General
del Estado, pues a nivel regional la Delegación del Gobierno
sí los reconoce como comunidad cultural oficialmente. Una
Fundación que tiene como objetivo “la divulgación de la
realidad de las confesiones minoritarias para mejorar el
conocimiento que la sociedad tiene de ellas, evitando y
promoviendo la superación de estereotipos y favoreciendo su
integración en la sociedad española” no puede seguir
obviando por meros trámites burocráticos a un colectivo que
forma parte esencial de la identidad de esta parte de
España.
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OPINIÓN / EDITORIAL
