La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta
sentó ayer en el banquillo de los acusados a L.J por un
delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El
juicio se celebró de conformidad con lo que L.J ha aceptado
la pena exigida por el Ministerio Fiscal, que en este caso
ascendía a un total de dos años de prisión.
Este tipo de delitos según el Código Penal, en su artículo
318, plantean penas que oscilan entre los cuatro y los ocho
años de prisión, aunque normalmente el Ministerio Fiscal
suele añadir, en la mayoría de los casos, el agravente por
peligro para la vida, y es que estos indocumentados suelen
ir ocultos en lugares donde resulta difícil la respiración o
incluso en embarcaciones que no garantizan las medidas de
seguridad establecidas por la Ley.
Los hechos ocurrieron el pasado mes de marzo de 2007 cuando
el acusado fue interceptado en la Estación Marítima de Ceuta
llevando en el maletero de su coche a un individuo que
carecía de documentación. Al parecer, el acusado introdujo
al individuo tras el paso del primer control de la Guardia
Civil, por lo que en el segundo control el vehículo fue
interceptado, y su conductor detenido y puesto a disposición
judicial.
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