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La Iglesia Católica y las oenegés podrían contar, en no más
de dos años, con tres nuevos competidores en la lucha porque
el contribuyente tache su casilla a la hora de hacer
donaciones en la declaración de la renta. El Estado ha
iniciado un proceso, de no retorno, por el que la libertad
de credo debe ser un principio social evidente. Así, el
Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de
Asuntos Religiosos, ha dado paso a la primera negociación
formal con las confesiones consideradas ‘de notorio
arraigo’, es decir, evangélicos, judíos y musulmanes, para
que obtengan una financiación similar a la de los católicos,
fijada actualmente en el 0,52% de su cuota íntegra.
En 2006, el Gobierno estableció un nuevo modelo por el que
se suprime la dotación directa estatal (mediante los
Presupuestos Generales del Estado) y sitúa la asignación del
IRPF para asuntos sociales o Iglesia en un 0,7%. Este
significativo cambio, de gran trascendencia entre los
integrantes de dos de las cuatro culturas características de
Ceuta, se convierte en la nueva propuesta gubernamental a
las tres comunidades que, salvo puntualizaciones, se han
manifestado a favor de la modificación “en pro de una
libertad real y efectiva, dentro de un Estado laico que
busca conectar con el principio de igualdad social, no
financiero”, resume el subdirector general de Coordinación y
Promoción de Libertad Religiosa del MJU, Juan Ferreiro.
Los tres colectivos, integrados dentro de la Fundación
Pluralismo y Convivencia desde 2005, y representados por la
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede),
la Comisión Islámica Española (CIE) y la Federación de
Comunidades Judías de España (FCJE) tenían hasta ahora un
sistema particular, según los Acuerdos de 1992, por el que
recibían dinero de las arcas estatales que sólo podían
dedicar a proyectos culturales, educativos y de integración
social. La nueva propuesta no va a variar esta tónica, pero
generaría una “equiparación formal” entre las principales
comunidades religiosas de cara a su financiación.
En octubre de 2006 dieron comienzo las negociaciones con el
envío de propuestas y, hasta ahora, las mayores reticencias
las ha mostrado la FCJE. El dilema es que supondría elaborar
un censo de judíos en el país -estimado, pero sin confirmar,
en cerca de 40.000 en España y en más de 600 en Ceuta-. Tal
como se le ha transmitido a Ferreiro, “sería un supuesto
perjuicio cuando se marque la casilla correspondiente,
porque dejaría al descubierto su confesión”. Sin embargo,
“optar por un colectivo no significa procesar la misma
religión”, remarca.
Por su lado, los cerca de 800.000 musulmanes que integran la
CIE, más de 30.000 ceutíes, están siendo representados
frente al Ministerio de Justicia por Riay Tatary (UCIDE) y
Felix Herrero (FEERI). Hasta el momento, “están de acuerdo,
en términos de igualdad de proporcionalidad. De hecho, no
han ofrecido mayores críticas en torno a la extensión del
0.7% a su comunidad”, apunta Ferreiro.
La Ferede se ha manifestado más abierta aún a la propuesta
porque responde a sus expectativas, aunque con
negociaciones. Y así lo ha comunicado la Alianza Evangélica
Española (AEE), otra de las organizaciones más relevantes de
su colectivo, al considerar que las confesiones deberían
renunciar a recibir dinero público estatal porque “perpetua
un mal sistema” recaudatorio.
De acuerdo con el método que propone el Estado, señalan que
el modelo ideal no valora a la institución religiosa, sino
que va en igualdad de condiciones con otros proyectos de
interés social.
Próxima reunión con protestantes
La perspectiva general es positiva para el Estado. Ferreiro
cree que la comunidad judía, “al final, a lo mejor acepta”
porque en Italia se ofreció el 0,8%, “y dieron el visto
bueno”. No obstante, ante las dudas que ha manifestado el
colectivo, esgrime que “aunque nadie está obligado a
informar sobre sus creencias, el Estado tiene derecho a
preguntar”.
Un proyecto sin fecha concreta de materialización porque
septiembre es el mes de redacción de los Presupuestos
Generales del Estado, “y esta a la vuelta de la esquina”.
¿2008? “ó 2009, como mucho”, augura Ferreiro.
De momento, la Dirección General de Asuntos Religiosos está
pendiente de entablar la negociación definitiva con el
colectivo protestante. “Servirá para dar un impulso al
acuerdo con musulmanes y judíos y, así, extender el texto a
todas estas confesiones”.
Un planteamiento “más cerca del consenso que de provocar un
‘totum revolutum’”, redondea el representante del ministerio
de Justicia. El 0,7% de la cuota íntegra del IRPF para las
creencias de mayor arraigo se convierte en una propuesta “en
la que se aspira a una equiparación total de las libertades
de credo”.
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reportaje / financiación
religiosa
