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El Pleno del Senado votó ayer de manera positiva al proyecto
de Ley del Suelo redactado por el Gobierno a la vez que
rechazó las enmiendas del Partido Popular (PP) así como su
veto a la propia norma. Tras el doble rechazo sufrido por
las enmiendas del PP en la Cámara Alta, el senador por
Ceuta, Nicolás Fernández Cucurull, consideró que la actitud
manifestada “demuestra que el verdadero tapón para las
legítimas aspiraciones de Ceuta y Melilla es el PSOE”.
El senador popular por Ceuta fue el encargado de defender
las cuatro enmiendas presentadas por él referentes a la
recuperación de las competencias urbanísticas en para las
dos ciudades autónomas. El Partido Popular sólo logró
recoger un voto a favor de la enmienda, a parte de los
suyos, el de un senador de Eusko Alkartasuna y una
abstención, la del representante del Bloque Nacionalista
Galego.
Durante los días previos a la sesión plenaria el senador
ceutí tuvo la oportunidad de conversar con los portavoces de
las distintas formaciones a los que explicó sus enmiendas. A
priori, según este, “todos entendieron que eran propuestas
de lo más razonable”.
Cucurull achacó el resultado final de las votaciones a que
“el PSOE a cambio de aceptarles enmiendas a ellos les ha
obligado a votar en contra de las de Ceuta y Melilla”.
Asimismo, consideró el senador popular que la razón por la
que el Gobierno no aceptaba la propuesta, era porque “la
Ministra se ha encontrado con que el único sitio de España
donde puede mandar es en Ceuta y Melilla, y no está
dispuesta a ceder su parcela de poder”.
Por su parte, desde las filas socialistas la votación de
ayer fue “una demostración del espíritu de consenso
defendido por la ministra de Vivienda”. En este sentido a
juicio de estos la ley quedó reforzada “al dejar fuera el
debate sobre la invasión competencial al contar con el apoyo
y respaldo de los grupos nacionalistas”.
No entendió el senador popular la respuesta de la portavoz
del PSOE ante la presentación de las enmiendas para Ceuta y
Melilla. Así, según este, la representante del grupo
socialista se limitó a decir que para defender mejor las
competencias urbanísticas de las dos ciudades autónomas lo
mejor era dejar la ley respecto a estos territorios como
está. “Un argumento de risa”, espetó Fernández Cucurull.
En su intervención, el senador explicó el origen de la
interpretación restrictiva que se dio a las competencias
estatutarias de Ceuta y Melilla en 1999, y señaló que
transcurridos más de siete años, era ya el momento de buscar
una solución que conjugara la supervisión estatal con la
simplificación de los procedimientos, en beneficio de los
ciudadanos de Ceuta y Melilla.
Cucurull calificó la propuesta de “sensata, razonable y
prudente”, y que tan sólo pretendía “evitar que Ceuta y
Melilla, a pesar de gozar de Estatutos de Autonomía
aprobadas por Ley Orgánica en las Cortes Generales, quedaran
con menos competencias que cualquier ayuntamiento de
España”.
Recuperación de competencias
La trayectoria parlamentaria por la que ha de discurrir el
proyecto de ley es cada vez más corto, sólo queda el
Congreso de los Diputados. Desde la perspectiva del Partido
Popular, a juicio de Cucurull, la opción que queda para
devolver las competencias urbanísticas a Ceuta y Melilla es
una futura modificación de la propia ley desde el Gobierno.
“Trabajaremos por poder gobernar la nación tras las próximas
elecciones y si contamos con el apoyo suficiente se
introducirán las modificaciones pertinentes”, agregó de
forma tajante el senador ceutí.
En lo que respecta a Ceuta, de manera paralela a la
realización de estos trabajos se producen las conversaciones
con el Ministerio de Administraciones Públicas en base a una
serie de materias diversas si bien es la urbanística donde
la negociación está siendo más enconada. La opción del MAP o
la estatutaria quedan en la recámara para este y el próximo
Gobierno de la Ciudad.
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“Una ley que busca trasparencia y control”
La ministra de Vivienda María
Antonia Trujillo definió los objetivos que el Gobierno
pretende conseguir con la implantación de una nueva Ley del
Suelo. Así, consideró Trujillo que esta será una
reglamentación destinada a buscar “transparencia y control”
en primer lugar, “un urbanismo sostenible y unas ciudades
cohesionadas” en segundo lugar y “calidad de vida y
participación ciudadana” por último.
El texto permitirá, a juicio del Gobierno, asentar políticas
urbanas sobre los principios de un desarrollo sostenible.
Por otro lado, aseguran que conseguirá una mayor oferta de
suelo urbanizado para la construcción de viviendas acogidas
a un régimen de protección pública.
También se consideró fundamental el incremento de la
eficiencia de los mercados a través de la desincentivación
de la especulación de suelo.
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urbanismo / TRÁMITES EN EL SENADO
PARA APROBAR EL PROYECTO 
