El sindicato de técnicos del Ministerio de Economía y
Hacienda calcula que hay al menos 977.306 rentas sumergidas
en concepto de alquiler de viviendas no declaradas.
Cataluña, Madrid, Andalucía, Canarias, Valencia y Baleares
concentran el 82% del fraude.
Pero el caso concreto de la ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla se encuentra por encima de la media de todas las
ciudades. El mayor porcentaje de pisos alquilados sin ningún
tipo de contrato legal (82% de su parque) se da en ambas
ciudades.
La magnitud de la irregularidad es tal que el Gobierno
acordó hace dos años la aprobación de medidas para
prevenirlo, como la obligatoriedad de incluir en la
declaración de la renta si la vivienda habitual es alquilada
o en propiedad, así como su referencia catastral.
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