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Las comunidades autónomas debatieron ayer con el Ministerio
de Asuntos Sociales ayer en el Consejo Interterritorial el
desarrollo de la Ley de la Dependencia que permitirá poner
en marcha las nuevas ayudas a los mayores y los
discapacitados. Esta nueva normativa, aprobada en enero,
estableció tres meses para pactar el desarrollo
reglamentario. El plazo expira el próximo lunes con Asturias
como la única comunidad que pondrá en marcha la maquinaria
necesaria para iniciar la recepción de solicitudes con las
que se valorarán los niveles de dependencia.
El principal obstáculo en la negociación celebrada ayer fue
el montante económico que el Ministerio de Asuntos sociales
ha fijado como cuantía máxima que los fondos pueden aportar
para la asistencia de los dependientes, fundamentalmente
para costear las residencias de la tercera edad.
Jesús Caldera ha ofrecido a las comunidades 1.014 euros al
mes para los grandes dependientes, es decir, con una
puntuación entre los 90 y 100, según el baremo aprobado. El
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales llevará hoy al
Consejo de Ministros el decreto de valoración, que ya había
sido aprobado por el Consejo Territorial, quedando
pendientes los decretos que fijan las prestaciones
económicas y de sistema informático.
Las previsiones del Ministerio apuntan a que a finales de
este mes o principios de mayo, los dependientes podrán
presentar sus solicitudes a los Servicios Sociales de sus
respectivas comunidades autónomas para determinar el grado
de dependencia y cuando se estipule, su prestación
económica.
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