|
Las declaraciones del juez
Baltasar Garzón han ocasionado un ‘boom’ mediático de nivel
nacional cuando ha afirmado que Ceuta y Melilla, en primer
lugar, y el resto de España después, pueden sufrir el golpe
del terrorismo radical islamista.
Unas manifestaciones que han tenido muchísimo eco y que han
conseguido provocar la alarma entre una población atónita
ante los telediarios, radios y prensa escrita desde que la
Vanguardia titulara ayer a toda página que Ceuta y Melilla
son los próximos objtivos de Al Qaeda.
En realidad, las manifestaciones del juez Garzón pretenden
llamar a la conciencia general de que debe coordinarse
debidamente los trabajos judicial y policial logrando con
ello dinamizar las actuaciones y responder “antes de que sea
demasiado tarde” a la amenaza terrorista, ha dicho el propio
magistrado de la Audiencia Nacional.
Es igualmente cierto por otra parte, que este tipo de
declaraciones con titulares grandilocuentes provocan una
alarma social innecesaria. Como bien han dicho Vivas y
Cucurull en oportunas intervenciones en distintos medios, la
amenaza terrorista de los fanáticos no sólo se circunscribe
a Ceuta y Melilla, sino que se extiende a España y a Europa,
países que no se pliegan a la intransigencia de de los
radicales islamistas.
Pero el análisis que debe realizarse ante las declaraciones
de Garzón debe ser entendido como un “aviso a navegantes”
porque no debe ir muy bien la coordinación necesariamente
vital de la actividad policial con la judicial. La Policía
no puede obtener ninguna prueba por ningún medio que no sea
permitido por un juez. A veces se dan casos en los que se
cuentan con grabaciones que, conseguidas ipso facto, pueden
ser recurridas como pruebas no procedentes, aunque las
mismas determinasen actividad delincuencial. Es vital la
rapidez administrativa. El CGPJ y el Gobierno deberían
acordar medidas extraordinarias y verdaderamente operativas
para la lucha antiterrorista o, en su caso, apelar al
legislativo para prevea mayores medios.
|
OPINIÓN / EDITORIAL
