El senador del Partido Popular por Ceuta, Nicolás Fernández
Cucurull confió en que las enmiendas presentadas por este al
proyecto de Ley del Suelo puedan salir adelante. “No
perdemos la esperanza de que el Gobierno acepte estas
enmiendas para Ceuta por lo que seguiremos trabajando hasta
la finalización de los trámites en el Senado”, confesó el
político popular.
Precisamente ayer se debatió en la Comisión de Vivienda del
Senado el proyecto de Ley del Suelo que finalizó con un voto
en contra de todos los grupos parlamentarios a las enmiendas
del grupo popular.
Los populares, junto a CiU habían presentado al inicio de la
sesión sendas enmiendas y vetos. Finalmente, según explicó
Cucurull, CiU retiró su veto tras una transacción acordada
con el grupo socialista.En este sentido, Cucurull razonó la
actitud de su grupo: “Nosotros no hemos hecho esa
transacción porque no estamos de acuerdo con la ley”.
Pese a este varapalo, los populares seguirán defendiendo sus
enmiendas en el último trámite en el Senado que será dentro
de dos sesiones, y que corresponderá a un pleno que se
celebrará previsiblemente el 25 o 26 de este mes, según
precisó Cucurull.
Por su parte, Cucurull defendió una vez más las enmiendas a
la Ley del Suelo para Ceuta. Este las calificó de “muy
razonables” y que “no hacen sino dejar la situación de las
competencias urbanísticas en Ceuta en un estadío intermedio
al que va de antes de que estas fueran retiradas en 2000 y
como están ahora”.
El senador popular y miembro de la Asamblea local especificó
que no se pretende asumir todas las competencias pero sí
gran parte de ellas hasta un límite. Ese límite sería, según
este, el mantener que la supervisión final del Plan General
de Ordenación Urbana siga residiendo en el Estado.
Así, la intención última con las enmiendas presentadas y que
volverán a defenderse en la sesión plenaria del Senado es la
de que la Ciudad recupere competencias con el fin de
“permitir que la gestión urbanística sea más flexible”.
Desde el Gobierno, la propia ministra de Vivienda, María
Antonia Trujillo solicitó una vez más el máximo consenso
para una Ley que tiene tres grandes objetivos: transparencia
y control, la práctica de un urbanismo sostenible y generar
calidad de vida y participación ciudadana.
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