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El sector postal de la Federación de Comunicación y
Transporte de CCOO ha iniciado una campaña de firmas a
través de internet con el objetivo de hacer llegar a la
Comisión europea y al Ministerio de Fomento las dos
principales reivindicaciones de la organización: reconducir
unas reformas que ponen en “grave riesgo” el futuro de los
servicios postales y dotar al servicio público postal de
mecanismos de financiación que garanticen su futuro y el del
empleo del sector.
La campaña, a la que se se puede acceder a través de la
página web del sindicato, invita a firmar por “la garantía
de un servicio postal público en igualdad de condiciones
para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de
residencia, por la continuidad de modernización de Correos y
por el mantenimiento del empleo en la empresa postal
pública”, afirma el sindicato.
Las propuestas de CCOO implican la modificación de la 3ª
directiva postal, incorporando una liberalización gradual y
garantías de financiación del Servicio Postal Universal, la
reconducción del Real Decreto de acceso a la red postal
pública aprobada por el Gobierno español, habilitando en
paralelo un sistema de financiación que garantice la
viabilidad de la empresa pública y del servicio postal en
España, así como garantías para el empleo de 65.000
trabajadores de Correos.
Antecedentes
La polémica surge a raíz de que el pasado 10 de noviembre el
Consejo de Ministros aprobará mediante un Real Decreto, la
cesión de la red postal pública de Correos a los operadores
privados. Para CCOO esto supone el acceso “indiscriminado”
de la empresa privada a la estructura, medio e instalaciones
de Correos. “En Definitiva, un trasvase de recursos públicos
al ámbito privado, favorecido por el Gobierno”.
En Ceuta trabajan un total de 80 operarios para Correos. A
pesar de que el impacto en la Ciudad Autónoma sería menor
que en otras zonas de la geografía española también preocupa
ya que “puede comprometer seriamente la prestación del
servicio público en la ciudad”. Por estos motivos CCOO,
sindicato mayoritario en el sector postal, recurrió el Real
Decreto y solicitó su suspensión cautelar ante el Tribunal
supremo que lo admitió el pasado 8 de enero.
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sindicatos / red postal pública
