Por primera vez desde el pasado miércoles, cuando se
“allanó” y reconoció ser culpable de sendos delitos de
prevaricación y estafa procesal ante la Sección Sexta de la
Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, la ex directora
provincial del desaparecido Instituto Nacional de Salud (Insalud),
Malika Abdeselam, aceptó ayer dar su versión sobre el
proceso judicial en el que se vio implicada junto a su
marido, Luis Morte, y el abogado Francisco Sánchez Mena
(sobre el que la Fiscalía retiró sus acusaciones).
Abdeselam, a la que se iba a juzgar por falsificar un
documento para que su esposo pasara a ser trabajador de la
Administración sanitaria, ha asegurado que Morte fue
víctima, presuntamente, de un “mal asesoramiento” por parte
del letrado, que a finales de los ochenta tramitó la
integración de más de 200 profesionales indefinidos de la
Cruz Roja en la Sanidad Pública.
“A mi marido se le aseguró que cumplía todos los requisitos
para dicha integración, como consta en los documentos de la
época, pero que yo tenía que desestimar su petición para dar
ese paso como episodio previo a la vía
Contencioso-Administrativa, lo que hice al recibir la
solicitud redactada por el letrado”, ha recordado Abdeselam,
que achaca todo el proceso judicial posterior a que “como
directora provincial no tenía competencias para desestimar
dicha propuesta”.
Abdeselam, que pactó con la Fiscalía y la acusación
particular aceptar una condena de siete años de
inhabilitación para cargo público por un delito de
prevaricación y un año de prisión y de inhabilitación para
ejercer el sufragio pasivo por estafa procesal, habría
respondido, según los documentos que obran en su poder, “en
los mismos términos que la solicitud recibida, donde se
señalaba literalmente que mi marido cumplía todos los
requisitos exigidos para la integración”.
“Una trama muy extraña”
“Me siento víctima de una trama muy extraña”, dijo ayer
Abdeselam a este periódico aunque no quiso entrar en sus
componentes. Además, resaltó su sorpresa cuando conoció que
la Fiscalía había decidido retirar los cargos contra el
abogado Sánchez Mena (que según fuentes cercanas al PP
podría haber cobrado 12.000 euros por asesorar a Morte),
para el que pedía en sus últimas conclusiones (previas al
pacto con sus propios abogados y el del Ingesa, Javier
Navarro) tres años de prisión, privación del derecho de
sufragio pasivo durante el mismo tiempo y siete años de
inhabilitación para cargo público como “inductor” del delito
cometido por Abdeselam.
La ex secretaria de Política Autonómica del PP, que según
anunció su presidente, Pedro Gordillo, presentó la dimisión
de su cargo veinticuatro horas antes de la vista que no
llegó a celebrarse, justificó este paso como “la mejor forma
para no hacer daño a mi partido y cumplir escrupulosamente
sus estatutos”. Además, Abdeselam lamentó el daño que ha
sufrido su “imagen pública” y, aunque dijo no sentirse
preocupada “ni en lo más mínimo” por no poder figurar en las
listas del PP para el próximo 27 de mayo, sí reconoció
haberse visto afectada por “todo lo que ha ocurrido” a raíz
de “una venganza personal conocida”.
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