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Yo no sé si El País y El Mundo han
sacado la noticia de la nevera o es que los periódicos
locales han decidido ya olvidarse de todo cuanto esté
relacionado con el GIL (Grupo Independiente Liberal). Lo
cierto es que el viernes pasado sólo los reseñados diarios
nacionales daban fe de que Antonio Sampietro ha sido
imputado por un presunto delito de malversación de fondos,
junto a dos diputados. Cuyos nombres omito porque no hay
necesidad de nombrar a quienes las gentes conocen
sobradamente como las dos personas más influyentes durante
el Gobierno presidido por el Bon vivant catalán.
Y si alguien tiene dudas al respecto, puede dirigirse a
Mohamed Chaib o bien a Mustafa Mizzian.
Cualquiera de ellos está en condiciones de darle el nombre
de uno de los imputados. El que careció en su día de la
menor caridad que habría valido para evitarles a los
políticos del PDSC un mal trago que pudo ser fatal en el
caso de Chaib.
Ha sido el Tribunal de Cuentas, pues, el que ha descubierto
irregularidades en dos de los expedientes inspeccionados
durante la fiscalización de las cuentas de la Ciudad
Autónoma entre los años 1998 y 2001. Al parecer se pagaron
esquelas por la muerte de un familiar del entonces
presidente, Antonio Sampietro, por valor de 701. 974
pesetas. (4.218 euros). Esquelas que fueron publicadas en
El País, La Vanguardia, El Sur, y periódicos regionales.
Los habrá que digan que el acto que se les atribuye, como
condenable, si así se confirma, es de tan escaso valor que
no merecería la pena molestar a los imputados. Y alegarán
que cuatro mil euros a estas alturas de la vida carece de
importancia. Que ese dinero no llega ni siquiera para pagar
un simple bautizo o comunión en local de segunda o tercera
fila.
Pero si se confirma que los dineros públicos fueron
empleados para pagar facturas de asuntos privados, lo
conveniente es que tales individuos se sienten en el
banquillo. Aunque, tal y como está el asunto de los
tribunales, mucho me temo que los imputados serían
acompañados por sus corifeos correspondientes para animarles
cual si fueran víctimas de una perversa persecución.
De entre los ejemplos que estamos viendo, últimamente, el
más reciente ha sido el juicio celebrado contra la ex
directora provincial del desaparecido Instituto Nacional de
Salud (Insalud) y secretaria de Política Autonómica y Social
de la ejecutiva de los populares ceutíes. La cual fue
llevada en andas a la sala de la Audiencia Provincial de
Ceuta, como si fuera una diosa a la que había que proteger
de los jueces, por parte de sus compañeros de partido.
Menos mal que la ex directora se declaró culpable, tras
negociaciones con la parte acusadora, y fue condenada. Pues
de haber habido la menor duda acerca de sus deslices
prevaricadores, sus correligionarios habrían puesto el grito
en el cielo y se hubieran buscado un enemigo político a
quien cargarle las culpas de tamaña desgracia.
Esta moda de darle cobijo a quienes están imputados de
delitos graves, por parte de militantes del partido al cual
pertenecen o por afiliados de su sindicato, la padecí yo un
día donde se juzgaba un atentado contra mí. Porque yo
califico de atentado el que tres personas te aborden en la
calle y te den la del pulpo sin venir a cuento. Suceda ello
en el País Vasco, en Cataluña, en la calle La Sierpes de
Sevilla o en la Plaza de los Reyes.
De pronto, miro y me encuentro con que la sala estaba
repleta de compañeros de los acusados, pertenecientes a
Comisiones Obreras y al frente de ellos iba un dirigente del
sindicato. Convencido el hombre de que más valía conservar
el voto de los acusados que condenarles por sus hechos. Así
están las cosas. Y hay que contarlas.
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OPINIÓN / EL OASIS
