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Desde que con una Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado de
2000 se retiraron las competencias urbanísticas a Ceuta y
Melilla con la sana excusa -entonces- de no permitir que el
‘zorro vigilara el corral’, es decir que el GIL no metiera
mano en el suelo público -uno de los grandes objetivos de
quienes manejaban entonces el cotarro-, las ciudades
autónomas han estado en inferioridad de condiciones respecto
de las demás autonomías una vez que se extinguiera en mitad
de 2001 el peligro gilista.
Aún más, después de la contundente victoria popular en las
locales de 2002 -con lo que quedaba claramente restablecida
la responsabilidad entre los que se encuentran comprometidos
con los intereses democráticos y el estado de derecho-, se
ha demorado incluso hasta hoy día la recuperación de las
competencias urbanísticas para estas dos ciudades autónomas.
No obstante, y dado que la Ley del Suelo propiciará un más
que severo control estatal ante los desmanes descubiertos
por algunas corporaciones locales, permitidas por las
administraciones autonómicas, se pretende que tanto Ceuta
como Melilla dispongan cuanto menos de las mismas
posibilidades que los demás entes autonómicos o, incluso,
disponer si acaso de los mismos derechos con los que
contarían los municipios de más de cincuenta mil habitantes.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado trata de
conjugar, mediante su propuesta en base a cuatro enmiendas
concretas para Ceuta y Melilla, que se restablezca al menos
el equilibrio justo entre las adminstraciones autonómica y
estatal que garantice el dinamismo y la agilidad en los
procedimientos urbanísticos en el ámbito local conjugándolo
con la participación del Estado.
En cualquier caso, se hace necesario no obstante, que el
Gobierno central mediante la Delegación del Gobierno
establezca una oficina concreta -probablemente en el área de
Fomento- con el objeto de evitar la actual situación
ciertamente denigrante en el que desde Madrid alguien que no
conozca Ceuta se erija en el todo poderoso gestor de las
necesidades urbanísticas de los ceutíes. Lejos ya del
‘miedo’ a que los no alineados al estado de derecho ‘metan
mano’, se hace necesario, apelando a un justo trato, que se
revise con inmediatez este asunto.
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OPINIÓN / EDITORIAL
