Compaginar la flexibilidad -para que la Ciudad Autónoma
pueda agilizar los procedimientos urbanísticos- con la
supervisión del Estado es la propuesta realizada por los
senadores ceutíes del Partido Popular, Pedro Gordillo y
Nicolás Fernández Cucurull, en clave de enmiendas -en total
cuatro- al Proyecto de Ley del Suelo para la recuperación
parcial de las competencias urbanísticas.
Las enmiendas, incorporadas por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, responden a la propuesta consensuada
por los gobiernos autónomos de las ciudades de Ceuta y
Melilla tratando de buscar un justo equilibrio entre la
situación antes de 2000, de plenas competencias, y la actual
extremadamente restringida.
Los senadores ceutíes proponen que “la Administración
General del Estado será competente únicamente para la
aprobación definitiva del PGOU y de sus revisiones, así como
de las modificaciones que afecten directamente a la
estructura general y orgánica del territorio, es decir, a la
clasificación del suelo y a los sistemas generales. Pero
dicha potestad tiene también sus límites: la aprobación sólo
podrá ser denegada por incumplimiento de la legalidad
urbanística, de sus exigencias documentales y formales, o
por contravenir la legislación sectorial. En definitiva, se
limita la competencia estatal a un ejercicio de supervisión
reglada, tal y como sucede en las Comunidades Autónomas
respecto de los ayuntamientos que conforman su territorio,
teniendo en cuenta el caso singular de Ceuta y de Melilla,
en que las competencias autonómicas y municipales residen en
una misma institución, la Ciudad Autónoma”.
En este sentido, y para el desarrollo de la Ley, la Ciudad
Autónoma podrá hacer uso de la potestad normativa
reglamentaria que le atribuye su Estatuto de Autonomía, y se
le facultaría expresamente para adaptar, modificar o
armonizar el Reglamento del Planeamiento Urbanístico, el
Reglamento de Gestión Urbanística y el Reglamento de
Disciplina Urbanística a las disposiciones contenidas en la
nueva Ley.
De acuerdo con esta propuesta, Ceuta recuperaría así la
competencia plena sobre los planes parciales y especiales,
así como sobre las modificaciones del PGOU que no afecten a
la estructura general y orgánica del territorio.
Finalmente, en las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, se prevé que para evitar
discriminaciones respecto a otras Comunidades Autónomas, “se
fija en el diez por ciento la cesión obligatoria de la
edificabilidad a la Ciudad Autónoma por parte de los
promotores y urbanizadores, con la capacidad de la propia
Ciudad de aumentarla hasta el veinte por ciento en función
del valor de las parcelas resultantes del proceso
urbanizador”, reza en el texto de las propuestas planteadas
por los dos senadores ceutíes.
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“Un servicio a la Ciudad de Ceuta como institución,
y a los ceutíes como administrados”
Para los senadores ceutíes, Pedro
Gordillo y Nicolás Fernández Cucurull, “la propuesta de
recuperación parcial de competencias urbanísticas para
Ceuta, recogida en las enmiendas, es equilibrada, realista y
combina la flexibilidad, a efectos de que la Ciudad Autónoma
pueda agilizar los procedimientos urbanísticos, con la
supervisión por el Estado”.
Un documento que ha sido estudiado, analizado y “resulta muy
factible para su aprobación” en justa correspondencia a las
necesidades de la Ciudad Autónoma de Ceuta para que no
resulten dañados sus intereses en función de la actual
situación de inferioridad, respecto de otras autonomías en
materia urbanística.
Es precisamente por estos argumentos, los parlamentarios han
pedido públicamente a los representantes del PSOE en el
Senado a apoyar las propuestas en el trámite que se
desarrollará en la Cámara Alta, ya que al hacerlo, afirman
los senadores ceutíes, “estarán haciendo un servicio a Ceuta
como institución, y a los ceutíes en su condición de
administrados”.
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