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Dos de cada de tres empresas públicas presentan anomalías en
su contabilidad. Entre los Ministerios más afectados por
esta situación se encuentran Trabajo, Fomento, Sanidad,
Industria y Cultura, en la mayoría de los casos se hereda de
ejercicios anteriores y está aún sin resolver, según el
informe presentado por la Intervención General del Estado.
De hecho, éste es el primero que se elabora según los
criterios de la Ley General Presupuestaria, que “suspende” a
la mayoría de los organismos revisados.
El departamento de Economía y Hacienda, encargado de velar
por las cuentas del Estado, ha dado un plazo de seis meses
para que se tomen medidas.
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estudio /
datos
