La Declaración de Berlín, que se aprobó ayer con motivo del
50 cumpleaños del proceso de integración europea, ha
incluido finalmente la inmigración ilegal entre los retos
que la UE debe abordar unida en el futuro, junto con el
terrorismo, la delincuencia organizada, la política
energética o la lucha contra el cambio climático.
Esta mención de la inmigración ilegal, que no aparecía en la
primera versión del texto que se distribuyó el jueves por la
noche, interesaba especialmente al Gobierno español, que ha
sido el que ha promovido una mayor implicación de la UE en
las crisis migratorias que han afectado sucesivamente a
Ceuta y Melilla y a las islas Canarias, donde por primera
vez se puso en marcha una misión operativa de la Agencia de
Control de Fronteras (FRONTEX).
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