El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de Ley sobre
la protección de los animales de producción y de los
utilizados para experimentación y otros fines científicos,
que establece unas determinadas multas que oscilarán entre
los 600 y los 100.000 euros. Para el presidente de la
Protectora Municipal de Animales, Federico Carrasco, es una
muy buena noticia, ya que a su juicio, es “necesario
castigar el maltrato a los animales”.
La base de este proyecto de Ley tiene su origen en el
Tratado de Amsterdam de 1999, acuerdo en el que se
establecía la intención de mejorar las condiciones de vida
que sufren muchos de los animales antes de llegar al
matadero o al laboratorio. La reforma española establece
unas mínimas condiciones para la cría, y mantenimiento.
“Debe ser obligatorio, una vez que los recogen que se hagan
responsables hasta el día de su muerte. Y tampoco se puede
tener un criadero de perros o gatos en una casa particular,
lo pasan mal y después terminan abandonados”, añade
Carrasco.
Las infracciones se denominarán como leves, graves o muy
graves, dependiendo de los criterios de riesgo o daño para
los animales y el grado de intencionalidad. Con el objetivo
de comprobar el cumplimiento de la Ley, se regulan
inspecciones y se establecen las competencias en esta
materia, por las que se determina que sean las distintas
administraciones públicas a nivel autonómico las encargadas
de realizar los controles necesarios. La protección animal
en materia de importación y exportación de animales será
competencia de la Administración General del Estado. “En
Ceuta es un tema peliagudo porque en Marruecos existe un
mercado negro en torno a especies exóticas. Sabemos que se
compran camaleones, canguros enanos, tortugas, monos. Son
negocios muy lucrativos y estos animales viven en muy malas
condiciones, son maltratados y hay que controlar su venta”,
insiste el presidente de la Protectora.
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