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Tras la ruptura, por parte de ETA, del proceso de tregua que
había abierto enormes expectativas entre la población, se
echa de menos un balance de lo sucedido y la ausencia de
planes y propuestas que hagan posible la vuelta de la
esperanza de una solución política. El terrorismo, una vez
más, conduce a un callejón sin salida, consiguiendo siempre
lo contrario de lo que dicen pretender sus apologistas.
Lejos de acercar los derechos democráticos del pueblo vasco,
que continuamente invocan, simplemente cierran los caminos
de solución política y favorecen, siempre, los planes de las
fuerzas más reaccionarias de la sociedad.
Al PP le ha faltado el tiempo para mostrar toda su
indecencia carroñera, para reclamar su profecía auto
cumplida de fracaso del proceso, y querer seguir decidiendo
la política del gobierno desde la oposición. Los mismos que
apoyan las políticas de miles de muertos, asesinatos y
torturas en la calles de Bagdad, en Guantánamo o Abu Graib,
se rasgan la vestiduras y se cubren de ceniza y como
fariseos «condenan el terrorismo». La ofensiva de la derecha
ha tomado nuevos bríos. El objetivo fundamental del PP tiene
dos vertientes, una la electoral, tratar de rentabilizar los
cadáveres ajenos en votos propios, la otra es hacer por
todos los medios que sea imposible que se abra de nuevo el
proceso de paz. Los dirigentes de la derecha, digna heredera
de Franco, saben muy bien que la existencia del terrorismo
de ETA ha sido un filón de votos para ellos e intentan por
todos los medios que la situación se crispe lo más posible.
Que Ibarretxe tenga que declarar ante los tribunales por «el
terrible delito» de reunirse con Batasuna, la
criminalización de las organizaciones juveniles abertzales,
la atenuación de la condena del preso Iñaki de Juana Chaos
son otras tantas barricadas para cerrar el camino del
proceso de paz.
Sin duda, muchos sectores del mundo abertzale han
considerado un grave error de ETA el atentado de la T-4.
Estos mismos sectores quieren a toda costa que el proceso de
paz vuelva a tener una oportunidad. El objetivo del PP y de
todos los elementos del Estado que controla, es ahogar esa
posibilidad.
El actual marco legal ha demostrado que da mucho más margen
a aquellos que quieren destruir la posibilidad de una vía
política para enfrentarse al problema vasco y a un final
dialogado del terrorismo que a aquellos que defienden esta
alternativa.
La responsabilidad del Gobierno
Y esa es la responsabilidad, en primer lugar, del PSOE del
Gobierno de ZP, ellos son quienes con su mayoría
parlamentaria podían haber reducido la capacidad de boicoteo
del PP y el protagonismo destructivo de ETA.
Si el gobierno hubiese tomado medidas políticas inmediatas
de acercamiento de los presos etarras a los lugares de
residencia de sus familias, abolido la desdichada ley de
partidos, y creado un marco legal de reforzamiento de las
libertades de expresión y manifestación, en primer lugar
hubiese hecho muy difícil que ETA volviese a atentar,
(aunque ese factor siempre es incontrolable), pero hubiese
provocado una reacción aún mayor en el propio mundo
abertzale contra esa posibilidad. Por otro lado hubiese
reforzado el proceso de paz entre las familias de los
presos, un elemento esencial en esta historia, y, no hubiese
dejado margen para estas decisiones judiciales que están
llenando los titulares de prensa de noticias de represión
política, considerando terrorismo todo aquello que esté
vinculado al movimiento abertzale ligado a Batasuna.
Ahora se vuelve a fórmulas gastadas, de comprobado fracaso,
invocadas para «combatir al terrorismo».
Se resucita, por parte del PP, el mugriento «pacto
antiterrorista», firmado bajo el gobierno del campeón de las
libertades del trío de las Azores, Aznar Don José María. Se
vuelve a hablar de «demócratas contra violentos», en una
división de bandos en la que cabe una duda más que
razonable. El PSOE no se atreve a dar por enterrado tal
pacto (que fue más un pacto contra el PNV que contra ETA) y
busca un nuevo pacto que lo sustituya y que incluya «al PP y
también al PNV». Tal pacto, de producirse, lo hará con los
planteamientos del PP, pues ellos no van a ceder, y, aún
así, es improbable que se produzca, con lo que la derecha
tendría una especie de derecho de veto paralizando la acción
de las demás fuerzas políticas. Así el Gobierno del PSOE
carece de alternativa y da tumbos después de haber perdido
el rumbo (recordemos la patética declaración de ZP el día
anterior al atentado).
El PNV se ve de nuevo atrapado entre dos fuegos, se ve
obligado a marcar las distancias con HB, pero él mismo sufre
las consecuencias del recorte de las libertades que mantiene
el Gobierno del PSOE. Sin duda preferiría entrar en un
acuerdo con el PSOE que le garantizase el control político
de la Comunidad Autónoma Vasca que es el verdadero objetivo
del partido de Ibarretxe.
Las manifestaciones celebradas tras el atentado de ETA han
demostrado que existe un sector decisivo de la población que
no respalda la política del PP y que no quiere renunciar al
camino político. Entre esos cientos de miles de personas
tendría una buena acogida una política que buscase retomar
el proceso de paz.
Es necesario enfrentarnos a un gran equívoco: proceso de paz
no es equivalente a negociación con ETA. Esa postura es una
trampa, una gran falsedad. La negociación con ETA será
necesaria, que duda cabe, para afrontar una serie de medidas
(cese de los atentados, reinserción, medidas
penitenciarias…) pero el proceso de paz es algo que atañe en
primer lugar a la sociedad civil.
La negociación se debe establecer con el pueblo vasco, para
crear las condiciones políticas que hagan inviable el apoyo
político de un sector de la población al terrorismo de ETA,
lo que es y ha sido siempre la clave de su supervivencia.
Por lo tanto, debe de haber una apertura inmediata del
diálogo entre todas las fuerzas políticas sin exclusiones,
lo que sin duda supondría la ausencia del PP de esta mesa de
partidos (algo por otra parte necesario para permitir que el
proceso avance), y la inclusión de Herri Batasuna.
En este proceso se deberían tomar medidas inmediatas que no
pueden ser moneda de cambio de ninguna negociación, como la
derogación de la ley de partidos, el sobreseimiento del
sumario 18/98, la reapertura de Egin y Egunkaria, el
acercamiento de los presos. ¡Este ha sido uno de los grandes
errores de ZP, pretender que estos derechos democráticos
básicos eran tema de negociación con ETA! Eso le dio a ETA
un protagonismo que no le corresponde.
Ese diálogo tendría que avanzar después en medidas de más
calado como la supresión de la Audiencia Nacional, la
democratización del poder judicial, y la garantía del
derecho de autodeterminación. Este sería el programa que
reduciría el margen de maniobra de ETA y que conduciría a
una salida negociada.
Este camino podía haber empezado por algo tan sencillo como
convocar una gran manifestación en el aniversario del 11 M,
bajo el lema: «Contra el terrorismo, contra las guerras». El
PP no hubiera acudido, y hubiera contribuido a aclarar las
ideas y perfilar que el campo que debe formarse para dar una
alternativa es el de la izquierda y que esa alternativa
nunca podrá fundamentarse en recortar las libertades sino en
todo lo contrario, en la defensa a ultranza de todos los
derechos democráticos.
A pesar de ETA y frente al PP, debemos exigir el proceso de
paz
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OPINIÓN
