Mucho se ha dicho y escrito en los últimos días sobre la
decisión del Gobierno de Zapatero de conceder la prisión
atenuada al etarra De Juana Chaos, y sobre las
concentraciones y la manifestación convocadas por el PP, por
primera vez en su historia, para protestar por dicha
decisión. Entre los que más cosas han dicho, en un
desesperado intento de justificarse, están el Gobierno y el
partido que lo sustenta, el PSOE. Además de dar variopintos
argumentos, en algunos casos contradictorios (el responsable
es el juez, es Rubalcaba, es el Gobierno, es Zapatero, ha
sido por humanidad, para no crear un mártir, para evitar
males mayores, para proteger a la gente, para evitar que los
jóvenes batasunos se alteren, …), se han hecho afirmaciones
que, lisa y llanamente, no se corresponden con la verdad,
especialmente aquellas que hacen referencia a la política
penitenciaria del gobierno del PP.
En primer lugar, hay que afirmar rotundamente que todos los
beneficios penitenciarios obtenidos por etarras durante el
gobierno del PP son consecuencia de la aplicación directa de
la ley, sin margen discrecional para optar por alguna
alternativa. Incluso la polémica redención obtenida por De
Juana por haber escrito un repugnante libro, fue
consecuencia de una decisión del juez de vigilancia
penitenciaria, en contra del criterio negativo que había
marcado Instituciones Penitenciarias, entonces dependiente
del Gobierno de Aznar. Y esto fue así porque, hasta en nueve
ocasiones, el PSOE rechazó la propuesta del PP de instaurar
el cumplimiento íntegro de las penas para los terroristas
que no mostraran arrepentimiento y no pidiesen perdón a las
víctimas por sus crímenes. Sólo después de que los
ciudadanos españoles otorgasen al PP mayoría absoluta en las
elecciones de 2000, pudo llevarse a cabo dicho cambio en
nuestras normas penales. Yo estuve allí, y voté a favor en
el Senado, en representación de los ceutíes. Por otra parte,
no es cierto que hubiese agrupamiento de presos; sólo hubo
traslados relacionados con procesos judiciales que les
afectaban, y algún acercamiento selectivo a prisiones
cercanas al País Vasco de presos etarras que habían mostrado
arrepentimiento por sus delitos, pedido perdón a las
víctimas, y solicitado públicamente el fin de la violencia.
¿Cree alguien que si se hubiesen producido cesiones Miguel
Ángel Blanco estaría muerto, o que a Ortega Lara lo hubiese
tenido que liberar la Guardia Civil cuando sus torturadores
ya habían decidido dejarlo morir de hambre?
La frontera que marca la diferencia entre la actual decisión
de conceder la prisión atenuada y toda nuestra historia
anterior desde la transición, es que, hasta este momento,
nunca un gobierno democrático había cedido al chantaje de
los terroristas. Nunca. Y a ese respecto hay que decir,
claramente, que, frente al terrorismo, no hay atajos: ni
fuera de la ley, ni cediendo a sus pretensiones. Bajo ese
principio se firmó entre PP y PSOE el pacto por las
libertades y contra el terrorismo, que, muy resumidamente,
consistía en combatir al terrorismo con todos los medios (y
sólo con ellos) que el estado de derecho pone a nuestra
disposición, y en que, fuese quien fuese el partido que en
cada momento ostentara la responsabilidad de gobernar, los
terroristas debían perder toda esperanza de obtener
concesiones políticas mediante el chantaje y el asesinato.
Y era eso lo que pedían los ciudadanos españoles que se
concentraron en numerosas ciudades, también en Ceuta, el
pasado 9 de marzo, y en Madrid el día 10, además de, como
siempre, mostrar su respeto, cariño y consideración a todas
las víctimas del terrorismo. Yo estuve allí, y sé lo que vi.
Una inmensa muchedumbre portando la bandera de España, el
símbolo que representa una gran Nación formada por
ciudadanos libres e iguales ante la ley. Estoy completamente
convencido de que en esa gran manifestación estaban
presentes, bien de manera física, bien espiritualmente,
muchas personas que no son afiliados, ni votantes, ni
simpatizantes del partido popular, porque lo que allí se
defendía va mucho más allá de un mero interés partidista.
En definitiva, ese gentío le estaba recordando al actual
Gobierno que la dignidad de nuestro pueblo exige que no se
ceda ante el chantaje terrorista, que se vuelva al consenso
del pacto por las libertades y contra el terrorismo, y que,
en esa cuestión, como en todas las que hacen referencia a
las reglas básicas del juego democrático (estatutos de
autonomía, poder judicial, tribunal constitucional, etc.) es
imprescindible el acuerdo entre las dos principales fuerzas
políticas de nuestro país. Lo contrario, lo que está
sucediendo ahora, con el Gobierno pactando cuestiones
políticas esenciales con formaciones minoritarias, tratando
de arrinconar al PP, es dinamitar los consensos de la
transición y traicionar el espíritu de concordia de la
Constitución de 1978.
Creo, sin temor a equivocarme, que muchos en el partido
socialista piensan lo mismo que estoy aquí expresando; pero,
desgraciadamente, nos hallamos en una carrera sin frenos,
dirigidos por un Presidente del Gobierno que, con paso firme
y ademanes de iluminado, nos conduce directamente al
precipicio de la ruptura del actual sistema constitucional.
Sólo espero y deseo que el pueblo español, consciente de lo
que nos jugamos, desaloje a Zapatero del Gobierno en las
próximas elecciones generales, y abra de nuevo las puertas
al entendimiento.
17 de marzo de 2007
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