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La ministra de Sanidad y Consumo, Elena salgado, presentó el
pasado jueves, coincidiendo con la celebración del Día
Mundial de los derechos del Consumidor, una campaña
informativa dirigida a dar a conocer a los ciudadanos los
nuevos derechos introducidos en la Ley de Mejora de la
protección de los consumidores y usuarios, que fue aprobada
el pasado mes de diciembre por las Cortes.
La ministra estuvo ese día acompañada en la rueda de prensa
por el subsecretario de Sanidad y Consumo y presidente a su
vez del Instituto Nacional de Consumo Fernando Puig de
Bellacasa, y también por la directora general de Consumo y
Atención al ciudadano Ángela Heras. Durante el transcurso de
la rueda de prensa se afirmó que esta nueva ley plasma una
serie de medidas destinadas a proteger a los consumidores y
dotarles de herramientas jurídicas y organizativas que les
permitan defender mejor sus derechos ante “la revolución
tecnológica y la modificación de los hábitos de consumo”.
La campaña de información, que lleva el lema “¿Qué es lo que
te corresponde?”, ha supuesto una inversión de 2,1 millones
de euros y comenzó a emitirse el pasado viernes,
permaneciendo en antena hasta el próximo día 30 de este mes.
En todo este tiempo sde pasarán hasta 450 spots de
televisión, 417 en salas de cine y 204 cuñas de radio.
También se realizarán 252 inserciones en prensa, se
colocarán 1.570 soportes exteriores en la red de cercanías
de Renfe y en el metro, además de insertarse 3.820.000
banners en internet y se distribuirán 50.000 trípticos y
1.500 carteles.
Los puntos sobre los que pivota esta nueva ley, sus aspectos
más novedosos, tienen en primer lugar las iguales
facilidades para altas y bajas en los servicios, punto que
responde a las demandas repetidamente requeridas por los
ciudadanos. La nueva ley establece el derecho a darse de
baja de los contratos suscritos con prestadores de servicios
con las mismas facilidades con las que se dan de alta. El
prestador incurrirá en infracción si trata de impedir la
baja del usuario imponiendo cargas que penalicen el derecho
a poner fin al contrato, especialmente importante en
servicios de naturaleza periódica.
También se trata en la ley la grtuidad y carácter previo de
la información se extiende a toda la que necesite un
ciudadano. Este punto se refiere, por ejemplo, a los
usuarios que quieran contratar un vuelo, ya que la ley
obliga a que se les informe del precio total de los
billetes, además de prohibir los cobros por emisión.
También la ley aborda el tema del redondeo, una de las
demandas más reiteradas por los ciudadanos. Se prohíbe el
redondeo al alza en la adquisición de determinados productos
y servicios como la telefonía o aparcamientos. La ley
prohibirá este redondeo con carácter general, tanto en el
tiempo utilizado como en el precio, así como cualquier
cláusula que prevea el cobro por servicios o productos no
prestados.
Otro aspecto en el que incide la campaña se refiere a la
adquisición de vivienda, la inversión más elevada de todas
las que realiza un consumidor a lo largo de su vida. La
nueva ley establece como abusivas las cláusulas de los
contratos o las prácticas comerciales de compraventa de
viviendas que penalicen al consumidor si se niega a
subrogarse en el crédito hipotecario del promotor, o le
obligue a asumir el pago de las tasas o impuestos que
corresponden al vendedor, como por ejemplo la plusvalía o
Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana.
Otros aspectos de la ley son los referidos al refuerzo de
los mecanismos para garantizar la seguridad en el uso y
consumo de productos y servicios. También se amplía la
legitimación de las administraciones ante los tribunales
para requerir el cese de las prácticas comerciales que sean
contrarias a la normativa de protección de usuarios. Además
se introduce también una nueva regulación de las
asociaciones de consumidores y usuarios así como del Consejo
de consumidores.
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Las infracciones no conocerán límites autonómicos
Durante la presentación de la ley
se hizo referencia al desarrollo reglamentario que el
Gobierno llevará a cabo de la ley. La norma otorga un plazo
de dos años para que la Administración, en colaboración con
las comunidades autónomas remita a las Cortes un proyecto de
ley que establezca las reglas en materia de sanciones en el
caso de infracciones supraautonómicas o cometidas en una
comunidad autónoma diferente de aquella donde radica la sede
de la empresa infractora de la legislación de consumo.
Se emplaza también al Gobierno a elaborar un texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios de las distintas directivas comunitarias para
disponer de un cuerpo legal que incorpore las normas
esenciales dictadas en la materia. Este mandato, tendrá que
cumplirse en esta legislatura.
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