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Después de la manifestación del
10-M en la que no hubo banderas franquistas, ni pancartas,
ni lemas ultras sino enseñas constitucionales (más de medio
millón según las crónicas), veinte mil lazos azules, miles
de pancartas, fotografías de algunos asesinados,
representación de mas de doscientas asociaciones adheridas
al acto así como una nutrida presencia de víctimas del
terrorismo de ETA y mas de dos millones de personas, no
puede decirse, como se ha oído, que asistieron a la
manifestación “la mitad de los muertos en la guerra de Irak”
(José Blanco), que “el PP está rompiendo las líneas rojas
que delimitan el campo del juego democrático” (González de
la Vega) o que “la manifestación fue un rotundo fracaso de
asistencia” (López Garrido). Quizá éstas sean, aparte de la
preocupación de los dirigentes socialistas por las
consecuencias negativas electorales que pudieran ocasionarse
dada la gran movilización de personas que concurrieron a la
manifestación y concentración del sábado 10 de marzo, las
causas de las críticas referidas mas otras muchas que se
vienen produciendo tratándose con ello de menospreciar y
quitar importancia al acto en si y, por ende, al Partido
Popular liderado por Mariano Rajoy, cuando quiérase o no, se
ha llevado a cabo siguiéndose las mas estrictas y ajustadas
normas de convivencia que los españoles nos dimos con la
promulgación de la Constitución de 1978 y en lo que al
derecho de reuniones y manifestaciones se refiere.
Ha sido una forma que ha elegido el pueblo para expresar su
inquietud por la España que viene a menos, políticamente
hablando, a pasos agigantados, desmoronándose, partiéndose
en pedazos y, encima, siendo objeto de cientos de
asesinatos. Y ahora, para colmo, sus ejecutores se ven
favorecidos, por decisión única del gobierno de la nación,
con la “prisión atenuada” de un convicto que no dio
oportunidad alguna a los veinticinco ciudadanos por él
asesinados para reclamar la independencia de su región
utilizando para ello cauces criminales, asesinando vilmente
además de seguir apoyando a sus partidarios que ejecutan
actos terroristas -amenazas a ciudadanos, quema de cajeros
automáticos, comercio o autobuses y asistencia a
concentraciones a favor de ETA, como ya se ha dicho en
repetidas ocasiones- y que ni siquiera permiten a sus
familiares el consuelo de llevar a cabo misas o funerales en
memoria de sus seres queridos.
En estos tiempos en que la nación española dispone de un
sistema político democrático, no puede permitirse la más
minina ventaja al enemigo que, aun cuando dispone de cauces
legales para manifestar sus inquietudes o apetencias, aunque
sean políticas o territoriales, no hace uso de dichos cauces
y sin embargo mantiene a través de sus “representantes” de
Herri Batasuna los hechos delictivos señalados, se hace
necesario, pues, que todo el peso de la Ley caiga sobre
quienes la transgreden y, más, si se producen asesinatos o
atentados contra las personas o bienes, con mayor
implicación si es posible y con los medios legales de que
disponen las Fuerzas de Orden Público y los órganos
judiciales aplicándose para ello el cumplimiento de las
penas íntegras sin que quepa el perdón para los asesinos ni,
tampoco, por supuesto, la cal viva para su erradicación y,
menos, llevándose para ello el “trabajo a casa” (entiéndase
Fondos Reservados). Esto es, en definitiva, lo que puede
deducirse de la protesta llevada a cabo por el pueblo el
pasado 10 M en la Plaza de Colón de la capital de España.
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OPINIÓN / PERSONAL Y TRANSFERIBLE
