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Para los que gustan de mantener
composturas de respeto institucional, como bien han
demostrado en no pocas ocasiones Jenaro García-Arreciado y
el propio Juan Jesús Vivas, lo sucedido con motivo de la
firma del acuerdo marco para la vivienda con la mismísima
ministra de protagonista ha rayado lo irrespetuoso por el
uso de un discurso ‘mitinero’ en un escenario en nada
apropiado para ello.
Las políticas de los gobiernos de España para con Ceuta,
dadas las especiales circunstancias que rodean a nuestra
ciudad, deben basarse en programas plurianuales exentos de
vaivenes en función del color político que descanse al
frente de la institución. Esta es una máxima que los ceutíes
debemos exigir de cuantos gobiernos se asienten en las
estructuras del Estado. Ceuta no es Madrid, ni Toledo, ni
Huelva, ni Sevilla; Ceuta es la última ciudad española
frontera terrestre con un país tan inestable como exportador
de inmigración irregular, drogas y, ultimamente de radicales
islamistas. Ceuta es el colchón terrestre de la península y
de Europa en cuanto a inmigración; se erige en el gendarme
de la UE. Ceuta no tiene al otro lado de la frontera un país
moderno y evolucionado como lo puede ser Francia o Portugal
para los que disfrutan de la geografía limítrofe con estos
países europeos.
Ceuta, por tanto, recibe programas cuyo plazo de ejecución
desafortunadamente no acaban en una legislatura. Ceuta es la
responsabilidad del Estado por muchas razones. De este modo,
la relación de proyectos, programas, planes y ejecuciones
desde el Estado trascienden del espacio-tiempo de una
legislatura de tal forma que, a modo de relevo, los
gobiernos heredan del anterior lo realizado y, en justa
responsabilidad, dan continuidad a lo iniciado.
Este es el caso exacto en el que debía haberse desarrollado
los acontecimientos en relación a la visita de la ministra
de la Vivienda a la que se le debe exigir esa
responsabilidad de la que hablábamos, es decir, la de
desarrollar y continuar lo que se encontró como son los
casos de Loma Colmenar y de Monte Hacho. Aprovechar la
representación institucional del Estado en un acto
protocolario para enviar mensajes partidistas no deja en
buen lugar a quien lo realiza señora Trujillo. No se puede
utilizar el nombre del Gobierno de España para dar un mitin
al calor del poder del Estado.
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OPINIÓN / EDITORIAL
