Exagerado, electoralista e incluso
irresponsable para algunos, las marchas y concentraciones
organizadas por el Partido Popular durante los últimos días
contra la prisión atenuada que el Gobierno, con la bendición
del Juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia
Nacional, ha concedido al etarra Ignacio de Juana Chaos no
dejan de estar amparadas por su legítimo derecho a protestar
y su deber democrático, como oposición, de hacer saber a la
sociedad su desacuerdo con las decisiones del Ejecutivo que
no comparte.
ETA ha sabido convertir durante los últimos meses la
rebeldía de uno sus miembros, que tomó la decisión de
ponerse en huelga de hambre sin consultar con la dirección
de la banda terrorista, en una espada de Damocles para
Zapatero: si el reo fallecía en la cárcel, su entorno
aprovecharía sin duda este hecho para movilizar a su cada
vez menos activa militancia; si, para evitarlo, el Estado
tomaba la decisión de permitirle cumplir el resto de su
condena en un hospital y, después, en su casa, tendría la
oportunidad de utilizar este gesto como un síntoma de
fortaleza. El Gobierno, a tenor de las declaraciones de sus
máximos responsables, ha querido evitar la primera de las
situaciones. El chantajista siempre juega, como ETA, con
ventaja aparente. El PP vivió una situación similar en el
Gobierno cuando la banda terrorista le puso en la tesitura
de que asesinaría al concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco
en 48 horas si no acercaba a sus presos al País Vasco.
Entonces, pese a la crueldad de la situación, el Gobierno se
mantuvo firme y todos, seguramente incluso los allegados a
Blanco, lo entendieron. En democracia no cabe otra postura y
corresponde a los partidos políticos mostrar un frente de
unidad indivisible ante la amenaza del terror por encima de
cualquier tentación protagonista o electoral. Si los dos
grandes partidos nacionales consensuasen la política
antiterrorista del Estado, como ambos dicen que anhelan
hacer, todos nos sentiríamos más seguros y los inevitables
recelos partidistas se reducirían.
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