La Ciudad Autónoma podrá regular las polémicas inversiones
en bienes tangibles -vía reglamento- de sellos, obras de
arte, antigüedades, árboles e incluso animales, dentro de un
marco de control estatal. Esta iniciativa que, según las
asociaciones de consumidores, como Facua o Adicae, no es
todo lo estricta que debería, está previsto que se apruebe,
ya como proyecto de ley, a finales de mes en Consejo de
Ministros, tras comprobar las alegaciones de las comunidades
autónomas.
El salto a los medios de comunicación del fraude postal de
Fórum Filatélico y Afinsa ha sido determinante en esta
decisión gubernamental. La única medida relativa a este
ámbito -la disposición adicional 4ª de la ley 35/2003, de
instituciones de inversión colectiva- transfiere su control
a las administraciones territoriales por tratarse de
‘productos de consumo’, pero la controversia que se mantiene
sobre esta normativa entre asociaciones de consumidores y el
Partido Popular, no despierta más allá que recelo de cara a
la futura ley.
De hecho, cuando se inicie el trámite de enmiendas
parlamentarias, es previsible que se produzcan cambios en
este asunto, ya que el Partido Socialista no cuenta con
demasiado apoyo. Así, las autonomías gestionadas por el PP
critican que la reforma legal no indique expresamente que
los productos “no tienen garantizado un valor de mercado”.
Además, desde el grupo popular se tilda el texto de
“envenenado” porque se continúa sin aclarar si las
operaciones con bienes tangibles son financieras o
mercantiles.
El estallido del Caso Fórum-Afinsa supuso el 52,7% de las
reclamaciones realizadas por usuarios a Facua. Por lo tanto,
el sector inversor en bienes tangibles fue el más polémico
de 2006.
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