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Recientemente se ha celebrado el
proceso para la elección de miembros de las Juntas de
Personal de la Administración General del Estado en la que
los Sindicatos con más arraigo (Unión General de
Trabajadores y Comisiones Obreras) han alcanzado 5 escaños
cada entidad, obteniendo A.C.A. de Instituciones
Penitenciarias 4 puestos y la Confederación Sindical
Independiente de Funcionarios 1. Falta ahora proceder a la
designación de los distintos órganos de gobierno de la
misma, principalmente de los cargos directivos como son los
de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocales que,
dados los resultados conocidos, muy bien pudiera darse en
miembros pertenecientes a U.G.T. y A.C.A.I.P. o esta última
entidad y CC.OO (la rivalidad entre ugetistas y “cocos”, por
lo menos en lo que a la Administración Pública se refiere y
que nosotros conozcamos, no vislumbra un entendimiento para
formalizar conjuntamente los órganos de gobierno de la
entidad)
Ello nos ha llevado a concluir, visto también el alto grado
de participación (más de un 80 %), el interés que viene
imperando en la mayoría de los funcionarios por la
composición de las Juntas y su confianza en la resolución de
los problemas que puedan suscitarse, mas que nada por
conocimiento, pensamos, de las competencias de personal que
les son atribuidas como bien pudiera ser la representación y
participación en los procedimientos de determinación de las
condiciones de trabajo, la negociación colectiva, la
representación en el Consejo Superior de la Función Pública
y su legitimación para convocar reuniones como mas
sobresalientes. Ni que decir tiene que también forman parte
representaciones de dichas Juntas en los Comités
Provinciales de Seguridad e Higiene en el Trabajo, según
está previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
en los que se sigue la política en esta materia basada en
los principios de eficacia, coordinación y participación
ordenando la actuación de las diversas Administraciones
Públicas en tales competencias de materias preventivas.
Es público y notorio, por otro lado, que no se atienden
todas las demandas y reivindicaciones que se formulan a
través de la Junta de Personal (que se ve en la mayoría de
las ocasiones interferida por la actuación directa de los
Sindicatos siempre más representativos y con más influencia
en las Administraciones Públicas), aun cuando por nuestra
experiencia personal hemos constatado que se llevan a cabo
actuaciones de todo orden, como pudieran ser los
reconocimientos de servicios previos para consolidar
antigüedad en la Administración y, consiguientemente, el
incremento de retribuciones por el concepto de trienios y
plus de residencia, el control a través de la medicina
preventiva del estado sanitario de los funcionarios, la
denuncia de las condiciones de trabajo, las gratificaciones
de productividad en algunos casos asignadas precisamente a
quienes tienen a su cargo la justa distribución de las
mismas y otras importantes cuestiones que pudiéramos llamar
de “orden doméstico” como la asignación de puestos y la
composición de la R.P.T. (Relación de Puestos de Trabajo) de
cada organismo. Es digno, pues, de resaltar, como hemos
indicado, el alto grado de participación de los funcionarios
en estos procesos electorales, lo que viene demostrando el
interés e importancia que se da a las Juntas de Personal de
la A.G.E. y es deseable que los miembros que la compongan no
decepcionen a quienes les han depositado su confianza para
el mejor logro de las reivindicaciones de todos los
funcionarios
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OPINIÓN / PERSONAL Y TRANSFERIBLE
