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Que no son buenos tiempos para
nuestros jóvenes es algo que se deduce claramente en
cualquiera de los parámetros obtenidos de los llamados
observatorios de la juventud.
En el caso de la vivienda, el vicepresidente del Consejo de
la Juventud de España, José Luis Arroyo, ha dado cuenta de
los datos estadísticos de los ceutíes menores de 35 años. No
son datos halagüeños ni mucho menos. Sólo el 35 por ciento
de la población comprendida en esta edad (16-35 años) ha
logrado emanciparse y no sin problemas económicos patentes y
latentes. A nivel nacional, el guarismo se sitúa en casi 9
puntos por encima. O lo que es lo mismo, un joven peninsular
de entre 16 a 35 años -no siendo fácil tampoco- dispone de
menos dificultades a la hora de emanciparse adquiriendo una
vivienda (bien de alquiler, bien de propiedad). De hecho el
43’7% de la población perteneciente a este tramo de edad ha
logrado dejar el hogar de sus padres.
Las administraciones, como garantes permanentes de nuestra
sociedad, deben intervenir decididamente y apostar por la
protección de quienes representan el futuro.
Si la vivienda -según el Observatorio- es casi inaccesible
para los jóvenes en la actualidad, el alto nivel de paro en
estas mismas edades y las escasas remuneraciones obtenidas
en los rendimientos laborales, coadyuvan negativamente a la
posibilidad de emancipación de este colectivo en nuestro
país en general y en Ceuta en particular.
La construcción de viviendas de protección oficial
destinadas a este sector de la población, como ya está
contemplado, vendrá a paliar este aspecto que no redunda
precisamente en un mayor dinamismo ni económico, ni de la
sociedad.
España es un país que envejece, y aunque existe el ‘apoyo’
de una inmigración residente que aporta juventud, las
administraciones tendrían que actuar con firmeza y decisión
para procurar la mejora de las condiciones de nuestros
jóvenes.
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OPINIÓN / EDITORIAL
