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La próxima década será la del
Príncipe Alfonso. Este barrio, hacia donde poco se ha mirado
en los últimos treinta años y que ha crecido a espaldas,
incluso, de la legalidad urbanística, será objeto de
especial culto por las dos administraciones, la autonómica y
la estatal. Una barriada que ha multiplicado por 10 sus
habitantes en las últimas tres décadas y que se encuentra en
una situación hartro complicada por la escasez de suelo y la
precariedad en la que se encuentran las viviendas
construidas al margen de la administración.
Hasta la fecha, las actuaciones llevadas a cabo por las dos
administraciones han venido a intentar paliar
coyunturalmente situaciones sobrevenidas como consecuencia
de la desatención histórica hacia ese lugar fronterizo donde
ha encontrado buen cobijo la delincuencia, el crimen
organizado y una población mayoritariamente de pocos
recursos que mal vive temerosa por el poder de los clanes
que ‘controlan’ el barrio al margen de la administración.
Un lugar que merece la atención responsable de todos los
actores de la política de Ceuta y no merece erigirse en el
centro de la demagogia de quienes, enrolados en política,
tratan de sustanciar en el corto plazo posiciones
privilegiadas en este contexto y a costa de la sensibilidad
de un barrio cuyos habitantes necesitan de la intervención
directa de la Ciudad Autónoma y del Estado. Por un lado,
para acabar con los virreinatos existentes ante esa
histórica falta de presencia institucional, y por otro para
que la barriada no acabe por convertirse en un guetto
impropio en una sociedad como la nuestra. La buena noticia
es que tanto Ciudad Autónoma como Estado apuntan alto para
recuperar el barrio a lo largo del próximo decenio.
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OPINIÓN / EDITORIAL
