La repatriación de menores que llegan a España, solos o sin
posiblidad de tener ningún mayor de edad que pueda ocuparse
de ellos una vez pisan territorio español, se pone en manos
de los órganos de protección de menores de las Comunidades
Autónomas, que lo declaran en situación de ‘desamparo’ y
asumen su tutela. Desde este momento son las autoridades
estatales las que tienen competencia para decidir si procede
o no la repatriación de ése niño, en el caso de Ceuta, como
el de otras comunidades, la encargada es la Delegación de
Gobierno. Parece que las delegaciones de gobierno actúan de
forma independiente a este proceso, hasta el punto de que
unas dictan resoluciones de repatriación y otras no.
En el caso de Ceuta, las repatraciones de menores llevan
paradas desde 2003. De los 114 menores que aproximadamente
hay en la ciudad se encargan las entidades que la Ciudad a
puesto en marcha, sólo recibe colaboración de Cruz Roja y de
la ONG ‘Mensajeros de la Paz’. Los Centros de acogida que
forman la red encargada de gestionar y encargarse de estos
menores son ‘La guardería de san Ildefonso’, el ‘Centro
mediterráneo’, ‘La Esperanza’ y además dos pisos tutelados y
un centro de reforma. En ellos se ofrece a estos menores
todas las atenciones que necesitan, desde la básica
asistencia sanitaria y de cuidados elementales hasta el
cuidado educacional de estos niños.
Como se ha explicado, las repatriaciones dependen de la
Delegación de Gobierno, que por el momento está “intentando
llegar a un acuerdo con la Secretaría de Estado para
Emigración - Inmigración”, que, a su vez, “está elaborando
un memorándum para todas las Comunidades Autónomas donde se
recoja la situación en este sentido, estamos trabajando
sobre ello, esperamos a que se terminen los trabajos”.
Desde la Delegación de Gobierno no se ha especificado por el
momento nada más sobre un asunto que en otras comunidades
está levantando ampollas, como en la comunidad madrileña, de
donde han sido repatriados la mitad de los 111 niños que
España ha devuelto a sus países de origen, el 80% de ellos
marroquíes. No deja de llamar la atención el desajuste entre
Estado y autonomías, ya que si las comunidades insisten en
que depende de éste la potestad de repatriar, el Gobierno
dice que el vacío se produce al intervenir varios agentes en
llevar a término estos procesos.
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